El pasado lunes, la Consejería de Transición Ecológica emitió un comunicado en el que informaba que el presupuesto destinado a la gestión de las aguas para 2023 es de 45 millones de euros. De ellos, unos 8.400.000 euros, es decir, el 3,21%, irían destinados a mejorar los sistemas de saneamiento y depuración. Desde la Asociación Empresarial Canarias de Consultores Medioambientales han alzado la voz contra estas cifras al entender que no son suficientes para solucionar el problema de Canarias con los constantes vertidos de aguas residuales sin depurar al Atlántico.
En un comunicado, desde la asociación informan que ya en 2017 un análisis de las necesidades de inversión para solucionar la cuestión de los residuos sin depurar que terminar en el mar calculaba que Tenerife, la isla con más puntos de vertidos, necesitará 1.000 millones de euros para el desarrollo de las infraestructuras para el tratamiento de aguas, 400 millones para las depuradoras y 600 millones para colectores.
Falta de inversión
Pero el monto reservado por el Cabildo de Tenerife es mucho menor. La estrategia para acabar con los vertidos de aguas residuales de la isla contará con más de 220 millones de euros para la depuración y regeneración hasta 2024, según informó este año la institución. Dentro de estas actuaciones, se destinará 60 millones de euros para 45 obras de saneamiento en la isla. Para Juan Rumeu, presidente de la asociación, es el Gobierno de Canarias quien tiene que dotar de los presupuestos suficientes a los cabildos y ayuntamientos para hacer frente a esta problemática.
Actualmente, Canarias supera los 200 puntos de vertidos al mar de aguas residuales sin autorización, según se puede ver en el visor de Grafcan que los localiza. En total, el censo de puntos que desembocan en el mar alcanza los 434, según la consejería. Tenerife es la isla peor parada. La asociación calcula que tiene 136 puntos de vertidos sin autorizar, aunque la consejería asegura que solo son 38, de los que cuatro son los que están activos.
Multas y promesas
Más allá del baile de cifras, la realidad es que “Tenerife vierte al mar diariamente más de 57 millones de litros de aguas residuales sin tratar, según datos publicados en 2017”, denuncian desde la Asociación. De hecho, los vertidos en el valle de Güímar son la causa de que cada seis meses la Unión Europea multe a España por no estar depurados. Una cuestión que también ha provocado que se haya procesado a tres exalcaldes y a la actual alcaldesa de Candelaria, Mari Brito.
Con todo ello, el pasado julio, el consejero del área, José Antonio Valbuena, aseguró en sede parlamentaria que endurecerán las sanciones por el vertido de aguas residuales no autorizadas. En octubre aseguró que más del 65% de las infracciones en este ámbito son responsabilidad de las administraciones públicas. Y también informó que autorizarán “buena parte” de los vertidos actuales cuando Canarias asuma las competencias de Costas. Una idea que reprocha Juan Rumeu, presidente de la asociación ya que “no se pueden autorizar porque son vertidos sin tratar” y recalca que no hay que olvidar que con toda esta cuestión se está “hablando de delitos medioambientales”.
Sin plan y vertiendo
La cuestión que señala Rumeu y que genera polémica para la asociación es que “no han establecido ningún plan para la eliminación de esos vertidos” en los tres años de gobierno del actual Ejecutivo canario. De hecho, la ausencia del plan la ha admitido la propia consejería. Una pregunta que la asociación ha dirigido al área de Transición Ecológica ha recibido como respuesta que “en relación con la publicación del Plan del Gobierno de Canarias para erradicar los vertidos de aguas residuales al medio marino, no autorizados [...], indicar que actualmente no existe ningún plan al respecto”.
Sin un plan y sin presupuesto suficientes “los vertidos siguen contaminando las playas”, recalca Rumeu. La principal área sobre la que habría que trabajar para evitar este problema es el saneamiento, es decir, conectar las aguas residuales de los núcleos urbanos e industriales para su correcta depuración. Una tarea que Rumeu critica que no se está produciendo ante la falta de presupuesto.