La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará la semana que viene, si la huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia lo permite, a Z.M.B., acusada de un presunto delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado de estafa.
La mujer era la propietaria del establecimiento Centro Moto Gáldar, en Gran Canaria. La Fiscalía la acusa de intentar obtener un beneficio patrimonial ilícito a través de un plan ideado por ella, durante el período comprendido entre septiembre de 2009 hasta septiembre de 2011. Dicho plan consistía en utilizar los datos personales, fotocopias de DNI, nóminas o documentos relativos a la solvencia económica y números de cuenta de personas y clientes que acudían al citado establecimiento y que le facilitaban para realizar una operación comercial consentida con financiación.
“Así, la acusada una vez que obtenía esos datos, y con ánimo de alterar la realidad, los utilizaba sin consentimiento de su titular para cumplimentar otros contratos de financiación y además los firmaba, directamente o por medio de otra persona, haciendo creer que eran firmados por esos clientes; estos contratos los celebró con la financiera SANTANDER CONSUMER FINANCE y obtuvo el importe de los citados préstamos que ésta le ingresaba en la cuenta de su titularidad”, relata la Fiscalía en su escrito de acusación.
Obtuvo 95.956,97 euros
En total, la acusada obtuvo, a través de este método, la cantidad de 95.956,97 euros. Para evitar que se descubriera su plan realizaba ingresos mensuales en las cuentas corrientes de las personas a cuyo nombre realizó los contratos de préstamo, por el mismo importe que le cargaba la financiera, hasta que los recibos eran devueltos por éstas personas Debido a ello, dichos recibos fueron cancelados por la financiera causando un perjuicio económico a la misma. En alguno de los casos también causó perjuicio económico a los clientes que intervienen en los contratos.
En concreto, la acusada, rellenó y firmó 27 contratos con los nombres y datos de diferentes personas con cantidades, que en algún caso pasaban de los 6.500 euros. Z.M.B. llegó a pedir dos o tres préstamos a nombre de una misma persona. La Fiscalía solicita imponer a la acusada la pena de cuatro años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena y diez meses de multa con una cuota de diez euros.
Además, pide que la acusada, indemnice, a la entidad Santander Consumer Finance, en la cantidad que se fije en ejecución de sentencia, descontando de la cantidad desembolsada por la financiera, 95.956,97 euros, el importe de las cuotas satisfechas en su caso por cada préstamo.