La migración no deja de ser una encrucijada para Canarias. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, aseguró el pasado mes de junio que asistir solo a los menores que llegan solos en pateras y cayucos les cuesta a la comunidad autónoma 13 millones de euros al mes. Se trata de una cifra que trae de cabeza a las instituciones. Incluso al Ejecutivo nacional, administración que a lo largo de 2024 ha aportado 16 millones a través de contratos de emergencia —la cifra total asciende a 16.075.296,6—. Una cantidad elevada, pero que parece ser insuficiente.
El dato parte de una búsqueda realizada por Atlántico Hoy de las adjudicaciones recogidas desde enero en la Plataforma de Contratación del Estado. La cantidad de acuerdos otorgados sin concurrencia competitiva —popularmente conocida como ‘a dedo’— por su carácter de emergencia es innumerable y corresponde a distintas partidas emitidas por el Gobierno central. Una de las más conocidas son los 50 millones de euros que aprobó en 2023 el Consejo de Ministros para compensar los gastos migratorios de Canarias. La subvención tenía el objetivo de cubrir gastos desde el 1 de octubre del año pasado hasta el próximo 31 de diciembre.
Canarias 50
El objetivo era atender a los menores nacionales de terceras naciones acogidos en el Archipiélago, mejorar las posibilidades de inserción sociolaboral de las personas extuteladas y realizar actuaciones en países de origen para prevenir la migración irregular. Entre los contratos de emergencia que ha podido consultar este periódico hay uno del pasado 19 de julio adjudicado a Cruz Roja para el Canarias 50 —ubicado en La Isleta— por 382.800 euros —el plazo de ejecución era todo el mes de febrero—. La finalidad era prestar servicios a 300 plazas.
La encargada de dar el contrato fue la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional. En realidad, todo parte del 14 de octubre de 2023, cuando la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó la Resolución por la que se declara la emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas.
Las Raíces
Para conocer otro ejemplo hay que remontarse al pasado 28 de julio, cuando Cruz Roja recibió otro contrato de emergencias por 900.800 euros para prestación de servicios de refuerzo de asistencia sanitaria en costas para Tenerife y Las Palmas. Una de las adjudicaciones más elevadas fue para la ONG Accem por 5.115.250 euros. El ámbito de actuación eran los campamentos de Las Raíces y Las Canteras, ambos en San Cristóbal de La Laguna y serviría para ayudar a la acogida de 20.900 personas.
La declaración de emergencia que declaró el año pasado el Consejo de Ministros fue ampliada en febrero de 2024 con 60,6 millones de euros por la cartera de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En una nota elaborada por el ministerio se expone que es una herramienta que permite cubrir de manera inmediata las necesidades de las personas migrantes y de la red que les brinda atención. “Esta inversión, asumida por el Gobierno central, evita sobrecostes a las comunidades autónomas con más presión migratoria”, añade.
Cruz Roja
Hace un mes y medio, el 15 de octubre, el Gobierno español adjudicó a la empresa Punta Márquez un contrato con valor de 19.875 euros para el monasterio de El Hierro, uno de los puntos que más presión migratoria está padeciendo unida a los pocos recursos con los que cuenta al ser la isla con menos población de todo el Archipiélago. El plazo de ejecución estipulado era abril, por lo que el dinero llegó más tarde de lo que estaba previsto, al parecer, en un primer momento.
Algo parecido en cuanto a los plazos ocurrió con los 579.021 euros que fueron adjudicados también a Cruz Roja para prestar servicios de refuerzo de asistencia sanitaria en costas de recursos de emergencia de Tenerife y Las Palmas. Sucedió que el plazo era octubre del año pasado, pero la financiación se formalizó en julio de 2024.
157 millones
Una muestra más de que este tema trae cola es que hace apenas dos meses el Gobierno de Canarias requirió al Estado 157 millones de euros que ha gastado en los menores migrantes. Según aseguró el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), se corresponden con "el gasto real que se ha ido produciendo a lo largo del año" en la atención de estos niños y niñas, en la cual el Estado no ha aportado "ni un solo euro" durante 2024.
Insistió en que se trata de un gasto "no tanto presupuestario como solidario". Además, como publicó este diario en julio, mantener los centros para menores migrantes costó 62 millones en 2023. Así lo expresó el Gobierno regional en una respuesta parlamentaria: Había una cantidad aportada por el Estado y otra que fue sacada de las cuentas que maneja la comunidad autónoma. En el primer caso se trató de 25.039.972 euros, mientras que en el segundo fueron 37.212.632,53.
TRAGSA
Volviendo a los contratos, Cruz Roja fue adjudicataria de 136.400 euros para prestar servicios relativos a 100 plazas de acogida en el Canarias 50. La misma organización, con el objetivo de que entregara kits básicos de vestuario, higiene y alimentos para 16.000 personas en El Hierro y Arona (al sur de Tenerife), la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social de la Inmigración le adjudicó 843.700 euros.
Por otro lado, para atender a 1.200 personas en el monasterio de La Frontera, la empresa TRAGSA recibió 353.700 euros. El 4 de septiembre de este año, la Fundación Cruz Blanca, con la finalidad de que actúe en el recurso de Las Palmas III, fue beneficiaria de 25.740 euros por parte del Estado. La Asociación Familia Vicenciana (AFAVI) recibió del Gobierno de España 20.150 euros para el recurso Demcam Gran Canaria el pasado 4 de septiembre.
Necesidades básicas
La Empresa de Transformación Agraria, para la acogida de 6.000 personas, resultó ser adjudicataria de 4.670.833 euros para los centros de acogida Canarias 50, Las Raíces, Las Canteras y Casa de Madres para el periodo que abarca del 26 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año.
El Ministerio resalta que el sistema tiene como principales objetivos atender las necesidades básicas de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, darles cobertura sanitaria de urgencia, acogida por asilo y refugio, apoyo psicológico y apoyo en el restablecimiento de contactos familiares y sociales, entre otros.
Tutela
Para no marearse con tantas cifras, querido lector, otra de las llamativas es el 1.310.700 euros adjudicado a Cruz Roja el 5 de julio para la entrega de kits básicos de vestuario, higiene y alimentos para 25.700 personas. Así como los 545.600 euros para 400 plazas que recibió de nuevo la conocida ONG pensando en el Canarias 50, el antiguo acuartelamiento militar localizado en Las Palmas de Gran Canaria.
Clavijo ha llegado a poner sobre la mesa que “es tan grande el número” de menores migrantes que Canarias tiene bajo su tutela, que no puede prestarles la atención que merece cualquier niño. Además, ha reconocido que las competencias sobre la tutela de menores en desamparo corresponden a las comunidades autónomas, pero también ha argumentado que esa previsión de la Ley del Menor no estaba pensada para una situación como la que le genera a las islas la constante llegada de pateras y cayucos.