El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles una encuesta sobre Ideología y polarización en la que se han puesto de manifiesto las posturas de los españoles respecto a la inmigración y la adaptación cultural de los extranjeros.
Según esta, el 58,3% de los encuestados considera que el Gobierno debería implementar medidas más contundentes para prevenir la entrada irregular de inmigrantes. Este dato refleja una preocupación creciente en la sociedad sobre la gestión de la inmigración en un contexto europeo cada vez más complejo.
Además, el 69,9% de los españoles opina que los inmigrantes deben adaptarse a las costumbres y valores del país. Esta afirmación sugiere una expectativa de integración por parte de la población autóctona, que busca una convivencia armónica basada en el respeto mutuo de las culturas y tradiciones.
Sentimiento generalizado
A pesar de estas inquietudes, el estudio también revela un sentimiento generalizado de responsabilidad estatal. La mayoría de los encuestados cree que el Estado debería velar por el bienestar de todos sus ciudadanos. Sin embargo, un 54 % de los participantes considera que los ciudadanos tienen un mejor entendimiento sobre lo que es bueno para ellos que los propios gobiernos. Este dato pone de relieve un desencanto con la política y una demanda de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones.
El estudio también incluye respuestas a preguntas más amplias sobre la democracia y la estructura del Estado. Casi un 27% de los encuestados afirmaron que no les importaría vivir en un país poco democrático si esto garantizara una mejor calidad de vida. Este aspecto de la encuesta es alarmante, ya que refleja un nivel de descontento con la situación política actual que podría llevar a algunos a sacrificar principios democráticos en pro de la estabilidad económica o social.
Por otro lado, el 55,7 % de los encuestados cree que se necesita un Gobierno más fuerte, argumentando que las transferencias a las comunidades autónomas han ido demasiado lejos. En el extremo de este debate, un 15 % se mostró de acuerdo con la eliminación de las comunidades autónomas, mientras que el 13,2 % apoyaría que se les reconociera la posibilidad de convertirse en Estados independientes.