La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará este martes a dos mujeres de nacionalidad venezolana por presuntamente engañar a otras dos féminas de su país para traerlas ilegalmente a España y ponerlas a trabajar como prostitutas en un negocio conocido como ‘La mansión azul’, en el barrio de Las Rehoyas de Las Palmas de Gran Canaria.
La acusación se dirige contra Y.C.M.M., que en el momento de los hechos se encontraba en situación irregular en España y contra S.M.A.A., que sí estaba legalmente en el país. En marzo de 2019 las dos acusadas se pusieron presuntamente de acuerdo y movidas por el ánimo de lucro, contactaron mediante la aplicación de Whatsapp de mensajería instantánea con las jóvenes que se encontraban viviendo en República Dominicana.
Situación irregular
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, le facilitaron la entrada de las mujeres en España, a sabiendas de que incumplían las normas sobre el ingreso en el territorio nacional y que una vez en el país se quedarían en situación irregular.
“Para posibilitar la entrada de las víctimas en territorio español las acusadas compraron billetes de avión, seguro y alojamiento turístico creando la apariencia de que las víctimas entraban en el país con la condición de turistas”, asegura la Fiscalía.
Para la obtención de los documentos mencionados las acusadas exigieron a cada una de las víctimas la cuantía de 4.000 euros en concepto de “multa” a cambio de facilitarles la entrada en España. El importe de los gastos de viaje y de gestión de de cada una de ellas fue de 1.254,88 euros y obligaron a las chicas a pagar la deuda contraíada mediante el ejercicio de la prostitución, para lo que fueron desplazadas directamente desde su llegada al aeropuerto de Gran Canaria al inmueble conocido como "La mansión azul", ubicada en la calle Pío Coronado, en Las Palmas de Gran Canaria, donde comenzaron a ser explotadas sexualmente desde el día posterior a su llegada.
Explotadas sexualmente
“Las acusadas consiguieron el consentimiento de las víctimas para ser trasladadas a España y explotadas sexualmente aprovechándose su falta de recursos económicos, pues tanto la TP1 (testigo protegida número 1) como la TP2 (testigo protegida número 2), proceden de Venezuela, país en el que existe una actual situación de necesidad que obliga a sus nacionales a emigrar a otros países con la finalidad de conseguir ingresos para subsistir y ayudar a sus familiares a cubrir sus necesidades más básicas, como alimentación y medicinas” relata la Fiscalía en su escrito.
La primera de las víctimas mantiene económicamente a su padre, su madre, su hermana y su sobrina, y con los ingresos que estos generan en Venezuela no les alcanza para vivir. “Respecto a la segunda, mantiene económicamente a su madre y a su abuela enferma, lo que la llevó a emigrar para garantizar su propia subsistencia y la de su familia, mediante el envío de dinero suficiente para cubrir los gastos medicinales de su abuela”, explica la Fiscalía.
Cinco años de cárcel
La ruta elegida por las acusadas para la entrada irregular de las víctimas en España comienza en República Dominicana, donde estas se encontraban inicialmente, desde donde parten hacia Madrid el día 20 de marzo de 2019 para trasladarse inmediatamente después desde este punto hasta Gran Canaria.
Los hechos son constitutivos de un delito de trata de seres humanos en concurso ideal con un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Por el delito de trata de seres humanos, la Fiscalía solicita para las dos acusadas la pena de cinco años de prisión con inhabilitación especial para derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Por el delito de inmigración ilegal pide para ellas la pena de siete meses de multa con responsabilidad personal subsidiaria y el abono de las costas.