Este martes ha comenzado el juicio contra siete personas para las que se piden penas de nueve años de cárcel y seis millones de euros de multa. Todas ellas están acusadas de haber tratado introducir en Canarias 96 kilos de cocaína en un velero procedente de la isla de Curazao, en el Caribe.
El primero en prestar declaración ha sido Francisco M.G., Paco, arredantario de dos locales de moda en la zona el Puerto de la capital y exadministrador del restaurante del Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC). El conocido empresario de ocio afincado en Gran Canaria está acusado de organizar el envío aportando capital para la operación. Ante las preguntas del fiscal Antidroga, Miguel Portell, ha reconocido haber puesto el dinero para el barco, pero ha asegurado que desconocía que era para transportar droga hasta las Islas.
Compra del barco
Después le ha tocado el turno a José Miguel M. A., que reconoció ser quien contactó con las personas que tenían que traer el barco. Además, dijo ante la Sala que compró la embarcación Whatever con el dinero que le había dado Paco y que este sabía el destino del mismo.
El tercer acusado en declarar fue Juan C.R., que se supone que era una de las personas encargadas del manejo del velero y también aceptó los hechos. Uno de los mecánicos, Juan C.S.R también reconoció que participó en la reparación eléctrica del barco y que sabía para qué se iba a emplear.
Lo niegan
Los que han negado su participación en los hechos por los que están siendo juzgados son los tres acusados vascos. Iker y Alain han afirmado ante los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas que llevaron el barco hasta el Caribe, pero que nunca supieron que seis meses después iba a ser utilizado para transportar droga.
José Luis, el padre de Iker, ha mantenido la misma versión y ha contado un periplo por el Caribe con otro barco de su propiedad que tenía el motor roto y ha puesto como excusa esa rotura para que Iker y Alain cruzaran el Atlántico para ayudarlo.
Este miércoles empezarán a declarar los testigos en un juicio, en el que el fiscal solicita para todos los implicados una pena de nueve años de prisión y una multa de 6.000.000 euros.