La Fiscalía solicita tres años de prisión a unos empresarios por un presunto delito societario. Los cinco acusados serán juzgados el próximo 11 de julio en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Tres de ellos sin antecedentes y los otros dos con antecedentes no computables a efectos de reincidencia.
A todos ellos —M.S.F, I.R.C.R, F.G.A, J.L.F.D y J.S.D— se les acusa de un delito de administración desleal y se les pide tres años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Además, nueve meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago, y abono de las costas.
El delito
El 7 de junio de 2011, el acusado M.S.F fue nombrado, junto con A.C.R, administrador solidario de Cisam Canarias SL, dedicada al aprovisionamiento de buques. La empresa se constituyó en esa misma fecha y el apoderado de la misma era el acusado J.S.D, que asumió el 50% del capital social de Cisam Canarias SL. Por otro lado, E.F.A asumió el 25% y el propio A.C.R el otro 25% del capital.
Desde verano de 2012, M.S.F, prevaliéndose de su cargo de administrador solidario, comenzó a gestionar el patrimonio de la sociedad de manera que beneficiase también a Cisam Offshore SL. El administrador único de esta era I.R.C.R y el apoderado de la misma era el acusado J.L.F.D —tío de M.S.F—. Este último, en calidad de administrador de Cisam Canarias SL, permitió, con la colaboración de I.R.C.R y de F.G.A, que una nave industrial de 70 metros cuadrados se utilizara por Cisam Offshore SL.
Asimismo, también permitió que esta empresa utilizara los vehículos propiedad de la otra, llegando incluso a colocar el logotipo de Cisam Offshore SL en los mismos. Esta sociedad también habría instalado sus programas informáticos en los ordenadores de Cisam Canarias SL, utilizaba su personal y realizaba operaciones económicas que le correspondían a esta. Es más, Cisam Offshore SL llegó a realizar toda la facturación del buque Stender, cuya armadora es Fishing&Shipping1 Company SA, que alcanza los 175.000 euros con un beneficio neto de unos 70.000 euros.
Pena
Para la Fiscalía, los hechos relatados constituyen un delito de administración desleal y por ello solicita una pena de tres años de cárcel. A esto se le añade la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como nueve meses de multa a razón de seis euros de cuota diaria y abono de las costas.
Además, los acusados solidariamente entre sí y subsidiariamente con Cisam Offshore SL indemnizarán a Cisam Canarias SL con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.