Doce jóvenes de entre 19 y 24 años han sido detenidos en Manresa (Barcelona) al estafar casi 200.000 euros a cerca de once empresas de todo el territorio español, alguna con sede en Tenerife, mediante una estafa "online". En este sentido, se hacían pasar por proveedores de estas compañías y estafaban también a otros usuarios de webs de compraventa de objetos.
La Guardia Civil ha informado que la investigación empezó tras la denuncia de una empresa de Crevillente (Alicante) por una estafa mediante un ciberataque. Tras desmantelar al grupo, se han confirmado estafas a firmas de Alicante, Madrid, Granada, Asturias, Murcia, Tenerife y Málaga, así como a usuarios de las Islas Baleares, Burgos, Lérida, Valencia, Barcelona, Vizcaya y Gerona.
Las investigaciones, que han terminado por detener a 12 individuos de nacionalidad marroquí y española, se iniciaron el pasado enero cuando una compañía denunció que los estafadores habían interceptado unos correos electrónicos enviados a un proveedor, posteriormente alguien los había modificado para inducir a error y finalmente habían sufrido una estafa de más de 37.000 euros.
Estafa mediante phishing
El método correspondía al BEC (Business Email Compromise) o compromiso de email corporativo, que es un tipo de estafa mediante una combinación de tácticas de "phishing", "vishing" e ingeniería social a medianas y pequeñas empresas. En ellas, los delincuentes realizan envíos desde direcciones de email, que imitan ser de empresas proveedoras, para así poder engañar a sus clientes, realizando estas últimas trasferencias bancarias a las cuentas de los delincuentes.
Tras analizar la Guardia Civil de Alicante más de 50 cuentas bancarias de esta firma, así como cientos de movimientos bancarios con grandes cantidades de dinero de por medio, se identificó la existencia de un grupo de ciberdelincuentes muy activo en todo el territorio nacional.
Los investigadores identificaron a diez nuevas víctimas de este grupo criminal, ascendiendo el montante económico de lo defraudado a 188.000 euros, al tiempo que constataron que para blanquear el dinero los delincuentes desviaban las transferencias a otras cuentas bancarias de España o Lituania, o bien adquirían criptomonedas.