Los empleados del Gobierno de Canarias catalogados de temporales pese a llevar años en sus puestos -incluso décadas, en el algunos casos-, denunciarán al Ejecutivo en los tribunales por vulnerar los derechos de los trabajadores, según han anunciado este jueves. Este colectivo sostiene que el Gobierno canario pretender incumplir su compromiso de hacerles fijos eludiendo dialogar con el comité de huelga.
Algo que supone, en última instancia, "vulnerar el derecho a la huelga" consagrado en la legislación española, ha asegurado Yolanda Cívicos, portavoz del comité, que ha sostenido que la actitud del Gobierno regional, que sigue evitando sentarse a negociar el acuerdo que suscribió, corroborando su propósito de estabilizar a esos empleados en abril de 2021, cuando va a hacer un año de su firma, "deja claro que no tiene intención de cumplirlo".
Deseo del Gobierno canario por negociar soluciones
Además, opinan que apuntan en la misma dirección declaraciones públicas que han hecho, incluso formalmente en la sede del Parlamento regional, tanto el consejero del área, Julio Pérez, como el presidente de la Comunidad, Ángel Víctor Torres.
Declaraciones que confirmaban el deseo del Ejecutivo de negociar una solución a la situación de esos trabajadores, unos 5.000, en el ámbito de la Mesa General de Función Pública del archipiélago, en lugar de convocando para retomar las conversaciones al comité de huelga, ha expuesto su representante.
Acusaciones de inasunción de responsabilidades
Plantean que ello implica "tratar de deslegitimar al comité, que es el único con quien se puede negociar en el contexto de una huelga como la que siguen manteniendo los trabajadores afectados, saltándose la ley para no asumir sus responsabilidades y compromisos".
Todo ello, además, buscando dar a sus acciones una apariencia de falsa legitimidad al querer pactar el futuro de esos profesionales no solo con los sindicatos que forman parte del comité de huelga y que son mayoritarios en el ámbito del empleo público de Canarias, Intersindical Canaria y Comisiones de Base, sino también con otros como CCOO, UGT y CSIF que, pese a ser representativos en el contexto de la Administración del Estado, son minoritarios en las islas, ha subrayado.
Postura para "confundir y engañar"
Yolanda Cívicos ha concluido, por todo ello, que el Gobierno de Ángel Víctor Torres planea "seguir haciendo ver que negocia cuando en realidad no negocia, para quitarse de encima el problema de que Europa le exige regularizar la situación de abuso de temporalidad que ha creado con esos empleados optando por sacar sus plazas a concurso público y exponiéndolos a quedarse en la calle tras años y años de servicio, sin atender sus demandas ni lo acordado con ellos mientras lanza el mensaje de que promueve un diálogo inexistente".
Una postura destinada a "confundir y engañar" por parte de "una Administración que está vulnerando todos los derechos básicos en materia de personal, empezando por no respetar el derecho a la huelga", ha afirmado Manuel Márquez, abogado experimentado en conflictos laborales cuyos servicios ha contratado el comité para la batalla legal que proyecta emprender contra la comunidad autónoma.
"Los que están, se quedan"
Como tal, Márquez ha declarado que, a la vez, entiende que es "legalmente exigible al Gobierno de Canarias que cumpla el acuerdo que firmó", a través del cual "asumió la frase de que los que están se quedan", lema en que los huelguistas resumen su "reivindicación de estabilidad absoluta de todos los empleados afectados".
Por esa razón ha precisado que la reclamación de que haga efectivo ese compromiso será uno de los puntos que planteará en la denuncia que prepara contra el Ejecutivo, que ha avanzado que espera presentar en los tribunales este mismo viernes o, a más tardar, el lunes 4 de abril.