En Canarias a la problemática de las listas de espera de Dependencia se le suma también el tiempo de espera para conseguir el grado de discapacidad. El Gobierno de Clavijo decidió separar la Dirección General de Dependencia y Discapacidad en dos nuevas con la intención de afrontar la situación de cada área por separado.
Atlántico Hoy habla con Dulce María Gutiérrez, directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias. La encargada del área apunta que la espera para la valoración del grado de discapacidad se sitúa en unos tres años, lo que supone un problema ante una población en la que 1 de cada 10 canarios tiene discapacidad, añade. Es por ello que desde la Dirección proponen aprovechar la conexión entre administraciones y tener acceso a un historial clínico compartido para agilizar el procedimiento.
[Pregunta] ¿Cuál es el estado actual de las listas de discapacidad en Canarias?
[Respuesta] Hay diferencia entre las dos provincias y por islas. Las islas capitalinas son las que están en una situación más complicada. En promedio, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife estamos en tres años y pico largos para valorar el primer reconocimiento, y casi tres en Las Palmas. Pero es verdad que cuando llegué [a la Dirección General de Discapacidad], la situación estaba bastante estancada y peor.
¿Cuál es el problema de esta situación: falta de personal, exceso de burocracia…?
Hay distintos actores que han incidido en el incremento de las listas de espera y algunos podrían haber sido resueltos con facilidad. Por ejemplo, en la anterior legislatura, hubo 18 bajas de personal de los equipos para valorar la discapacidad que no fueron cubiertas. Si no se garantiza el personal, evidentemente van a ir subiendo las listas de espera. Luego ocurre que aparece el COVID y hubo meses de paralización administrativa. Y, además, un tercer factor fue la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 888/2022 que supuso implantar un nuevo sistema para la valoración de la discapacidad, que ha congestionado mucho más todo el proceso. No se hizo nada para afrontar la situación.
Más personal
¿Qué hicieron ustedes al llegar a la Dirección General de Discapacidad?
Lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la situación y buscar fórmulas para conseguir, en principio, más médicos. En seis meses logramos 13 médicos y estoy pendiente de algunas inclusiones. Hemos estabilizado la situación recuperando los equipos que se habían perdido en la anterior legislatura. Pero hay que seguir conformando más equipos y garantizar que cada una de las islas tenga un equipo de forma permanente.
¿Y en cuánto a ese cambio del procedimiento de valoración?
No solo es importante montar equipos que sirvan como un plan de choque. También estamos trabajando en procesos de simplificación en los aplicativos informáticos y en la parte administrativa.
Simplificar el proceso
¿Cómo es el proceso actual?
El proceso para el reconocimiento del grado de discapacidad se inicia con la solicitud. Mucha gente acude primero a los servicios sociales de los ayuntamientos, que dan una explicación pormenorizada a los usuarios y lo hacen a través de ellos. Esto ayuda a las personas que les cuesta todavía entrar en sedes electrónicas e incluso trasladarse a una sede física. La cuestión se plantea en aportar todos los informes que tengan y no estar requiriendo de nueva documentación.
¿Cuál es su propuesta para simplificar esa parte más burocrática?
Hemos hecho una propuesta al Servicio Canario de Salud para que nuestros equipos de valoración con perfiles sanitarios puedan acceder a una historia clínica compartida que permita conocer toda la situación de patologías que tiene el usuario a través de las herramientas que ya existen dentro de la propia administración pública. Por ejemplo, alguien hizo la solicitud en 2022 y se le va a citar en 2024. A lo mejor su situación médica ha cambiado. Así podemos obtener esa información sin necesidad de pedir nueva documentación. Eso va a agilizar mucho los procedimientos.
Separar Dependencia y Discapacidad
Acufade y el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias propusieron esta semana un posible decreto para simplificar el procedimiento de resolución de las solicitudes de dependencia, ¿cree que podría servir también para Discapacidad?
Todos los procedimientos deben tender a una simplificación sea del área que sea. Aunque discapacidad y dependencia van muchas veces de la mano, no todas las personas con dependencia tienen una discapacidad y viceversa. Por lo tanto, creo que la división de direcciones generales ha sido muy acertada porque siempre se ponía el foco en dependencia y discapacidad se iba quedando un poco aparcada. Pero sí es cierto que seguimos estando vinculados en algunos aspectos.
Entonces, ¿considera necesaria esta separación de direcciones generales para hacer un mejor trabajo?
Es absolutamente necesario. Uno de cada 10 canarios tiene reconocido un grado de discapacidad. Un porcentaje tan alto de población necesita de un área específica que trabaje para resolver sus problemas y las situaciones a las que se enfrenta el colectivo de la discapacidad. Esta división de las dos direcciones generales ha sido una demanda de muchísimas entidades y se están atendiendo las peticiones de estos colectivos.
¿Qué demandas se están atendiendo, por ejemplo?
Esto ha llevado a que vayamos a tener una tarjeta de discapacidad en la comunidad autónoma. Eso estaba ahí aparcado. Si esta Dirección General no se hubiera creado nueva, esta tarjeta no llegaría a nuestra legislatura. Servirá para acreditar la situación de la persona sin necesidad de que vaya con su resolución de cuatro folios a cualquier parte. Además de la tarjeta física, también se acreditará a través de una app porque es mucho más rápido.
Peticiones de las asociaciones
Las asociaciones Con Tu Ayuda Todos Sumaremos, Somos Uno Más y Unidos Por Un Sueño han formado una alianza para reivindicar un cambio de la situación. Piden un plan B mientras se resuelven sus solicitudes para poder atender sus necesidades. Por ejemplo, debido a la falta de renovación del grado de discapacidad, reciben multas al aparcar por tener la tarjeta de estacionamiento caducada. ¿Plantean alguna solución?
La medida está adoptada por el propio Real Decreto. Establece que si llegada la fecha de la revisión, no se produce por causas imputables a la administración, como es el caso, ese periodo de validez del grado de discapacidad se tiene que alargar hasta el momento en el que se produce esa revisión. El derecho sigue vigente hasta que se compruebe si ya no tiene esos problemas de movilidad, se han acentuado o se mantienen estables.
¿Y qué ocurre con las prestaciones, como la prestación por hijo a cargo?
Hubo una introducción debido a un tema creo que informático dentro del Instituto Nacional de Seguridad Social y se produjo un problema de conexión entre administraciones, pero ya está resuelto.
¿Cómo es la relación con las asociaciones y entidades de las familias y personas con discapacidad?
Estoy del lado de las entidades y las personas que luchan porque se reconozcan sus derechos y las cosas salgan en tiempo y forma. Hay que trabajar de la mano. A veces proponen cosas muy buenas y muy positivas a la hora de uno determinar qué tipo de políticas se tienen que implantar. Pero también les pido un poco de paciencia, que sé que es poca en una situación delicada. Estamos en el camino para que las cosas se resuelvan.