Canarias es una de las comunidades autónomas donde más casos de sustracción de menores se producen en España. Según datos de la Asociación Niños Sin Derechos, en 2022 se registraron a nivel nacional 1.339 menores sustraídos, de los cuales 90 eran del Archipiélago. Esta cifra puede considerarse elevada si se compara con la población de las Islas, señala el presidente de la entidad contra la sustracción internacional de menores, Javier Somoza.
Roberto Vera es uno de los padres que mantiene el deseo de ver a su pequeño de nuevo. “Llevo cuatro años sin ver a mi hijo”, desde que en 2020 la madre del menor se lo llevará a Ecuador, cuenta. Desde entonces, el cartel de su hijo figura en SOSDesaparecidos y la esperanza permanece ante la posibilidad de volver a encontrarse con él. Sin embargo, el procedimiento puede ser complicado y las legislaciones actuales no contribuyen en el proceso.
¿Un secuestro?
Los casos de niños sustraídos son elevados en las Islas. Según Somoza, esto puede deberse a la alta presencia de población extranjera en el Archipiélago y el aumento de relaciones internacionales. Las sustracciones de menores se producen sobre todo en verano, indica el presidente de NISDE, que es cuando el progenitor aprovecha las vacaciones para llevarse al niño consigo. Pero, ¿se pueden evitar estas situaciones?
Todo lo que engloba a estos casos es un barullo legislativo, sobre todo “obsoleto” y en el que no se visualizan buenas prácticas por parte de los tribunales, apunta Somoza. No obstante, antes de continuar, se ha de entender qué es la sustracción de menores. Esto ocurre cuando uno de los padres lleva ilegalmente a su(s) hijo(s) a otro país o los retiene allí sin permitir que regresen a su país de residencia habitual. Es ilegal porque viola el derecho de decidir dónde deben vivir los niños, un derecho que tienen ambos padres con patria potestad, incluso si sólo uno tiene la custodia y el otro sólo tiene derecho a visitas, según NISDE.
¿Se podría considerar secuestro? Somoza expone que hay una “fina línea” entre secuestro y traslado ilícito. Para que se considere traslado ilícito debe ser que uno de los padres se lleve consigo al menor sin consultarlo ni con la otra persona ni con los tribunales; sin embargo, si se ha consultado con la justicia ante la falta de un acuerdo parental y el juez ha dictaminado que no se puede llevar al pequeño, en esto casos sí supondría un secuestro.
Falta de comunicación y actuación
La patria potestad viene a ser la clave de todo esto, pues según se recoge, ambos progenitores que cuentan con la patria potestad son los que tomarán las decisiones sobre el pequeño, desde el colegio al que irá o la religión que ejercerá y, cómo no, su residencia habitual. Por ello, no puede ser decisión de una persona sola que el hijo de ambos viva en un país u otro. Si los dos tutores del menor no se ponen de acuerdo, se debe acudir a los tribunales para que sea un juez quién tome la decisión.
El problema surge cuando no hay comunicación entre los tribunales y las fuerzas del Estado, lamenta Somoza. Los juzgados no trasladan a los agentes el aviso de que el menor no puede marcharse, por lo que no están al tanto. Asimismo, se incumple otro factor muy relevante. Es habitual que no se pida el permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores comprobando la patria potestad de la persona que acompaña al pequeño en un aeropuerto, por ejemplo. Se suma así la falta de aviso y la falta de revisión de la documentación, dando lugar a que se puedan cometer más sustracciones. Si estos dos pasos se llevaran a cabo, el número de casos podría reducirse un 90%, manifiesta Somoza.
Legislaciones “obsoletas”
Si el traslado del menor se ha llevado a cabo, todo comienza a complicarse cada vez más y los diferentes aspectos legislativos que atraviesan los distintos países del mundo chocan entre sí. Un ejemplo es que el país de destino sea firmante o no del Convenio de La Haya. El presidente de NISDE explica que el documento se publicó en los años 80 con la intención de proteger a la infancia; sin embargo, “la sociedad ha cambiado en estos 40 años y ha quedado obsoleto”. Aunque dentro de lo malo, no es lo peor, pues otras diferencias son más notables, como lo que se considera penal o no en los diferentes territorios, o algo tan básico a simple vista como el hecho de la existencia del término de guardia y custodia en España que no se recoge en el resto del mundo.
Somoza opina que en España “estamos desprotegidos” en estas situaciones. El país está a la cabeza de hijos sustraídos en Europa, expone, añadiendo que se debe a que España sigue “en el siglo XIX en cuanto a la legislación en lo que respecta a la guardia potestad”. Y no solo eso, Somoza crítica también lo caro que puede salir tratar de reencontrarse con los hijos. Solo retornan “un 8%” de los menores sustraídos.
El presidente de NISDE comenta que en otros países sí existen entidades que se encargan de estos casos cubriendo los gastos necesarios, pero en España los costes los asume la propia persona y son “muy altos”, rodando según Somoza entre 60.000 y 80.000 euros, entre gastos de viaje, abogados, traductores, etc.
Reivindicaciones
Es por ello que padres, madres, abuelos y abuelas se unieron para conformar NISDE, asociación que lleva desde hace varios años reivindicando ante las autoridades, como el Ministerio de Justicia, el de Interior o el Defensor del Pueblo, “una actuación en favor de los derechos de los niños afectados por esta tortura, sea cual sea su país de destino”, pidiendo así el cambio de las legislaciones, como modificaciones legislativas en el Código Civil, adecuándolas al entorno europeo actual o la nueva redacción del artículo 225 bis del código penal, más acorde con el Convenio de La Haya de 1980, que ya han conseguido.
La entidad aporta apoyo a las personas que se encuentran en esta situación, desde intervención psicológica a judicial. Somoza pone de ejemplo los casos en los que participa en Canarias, siendo el de Roberto Vera en Gran Canaria uno de ellos, así como dos tanto en Fuerteventura y Lanzarote. Para el presidente de NISDE es vital estar presente y que se hable de esta problemática porque en España “se cree que es un conflicto de pareja y se le resta importancia, pensando que ellos mismos son los que tienen que arreglar lo ocurrido”, pero el foco se ha de poner en los niños y niñas.