La Diputación del Común ha pedido al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que realicen una inspección exhaustiva de una residencia de mayores de Garachico, tras haber recibido quejas de una asociación y de particulares sobre las condiciones "brutales" en las que viven los usuarios.
La titular de la Diputación, Lola Padrón, ha informado este viernes en declaraciones a EFE de que además ha requerido al Ayuntamiento de Garachico que aporte la información que sobre la situación de este centro le había demandando el 2 de julio, solicitud que ha reiterado el pasado 12 de agosto tras no recibir respuesta.
Lola Padrón ha indicado que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias la ha emplazado a un encuentro el próximo 3 de septiembre para informar sobre este asunto y otras cuestiones de este ámbito.
Actuación constante
La diputada del Común ha enfatizado en que dicha institución "está actuando" desde que recibió las primeras quejas sobre este asunto pero también ha insistido en que este organismo no es una administración pública más y asimismo, ha explicado, no tiene la capacidad de actuación del Defensor del Pueblo, que tiene potestad "para entrar en los sitios" y verificar la situación.
La Diputación del Común ha recibido quejas de particulares y de la Plataforma SOS Barrios Canarios sobre el funcionamiento del Hospital Residencia de Ancianos Nuestra Señora de la Concepción en las que alegan que falta personal para atender a los mayores, que a veces permanecen sin asear, y que además hay hasta ocho personas compartiendo una habitación.
Según informó en julio el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), también se hacen sujeciones irregulares a usuarios, hay camas sin llamadores de emergencia y algunas no cuentan con luz ni ventilación, los baños no están adaptados, la secadora no funciona y la lavadora no lava a altas temperaturas, por lo que la ropa contaminada se encuentra en bolsas cerradas
Vulneración de derechos
Por su parte la diputada del Común ha precisado que no tiene conocimiento de que se haya hecho una inspección al centro y ha insistido en que las denuncias realizadas son "tan brutales que no se puede tener ni la más mínima sospecha" ante una presunta vulneración de los derechos fundamentales de los mayores.
Padrón ha señalado que el adjunto primero de la institución, Antonio Alarcó, se ha puesto en contacto con la consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, para incrementar el número de camas de la residencia.
La diputada del Común ha reiterado que ante este tipo de denuncias lo primero que debe articularse es una inspección de emergencia, de la que no hay constancia que se haya realizado, y si falta personal efectuar un plan de contrataciones urgente. "Lo que se denuncia son situaciones bastante graves y, si se corrobora que son ciertas, hay que aplicar la normativa y llamar a capítulo", ha concluido la titular de la Diputación del Común.