La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha informado este viernes que diez profesionales de la Psicología se han incorporado a los dos institutos de medicina legal de las islas, para atender a víctimas de casos de violencia machista.La contratación ha sido financiada por el pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con ella, se puede poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.Cinco han sido contratados para el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas y cinco para el de Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un programa temporal que podrá renovarse en años sucesivos.
Formación de los psicólogos contratados
Los diez profesionales contratados tienen formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense. En concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual. También en trauma y veracidad del testimonio, indica el comunicado.El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este año, está financiado con 96.300 euros. Permitirá dotar recursos necesarios para reforzar actuaciones de intervención específica en casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y menores de edad.También permitirá asegurar presencia de profesionales especializados que permitan de manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.
Condiciones garantizadas
Además, este programa garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.La actuación de estos profesionales de la Psicología comprende funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad.También incluye la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficit detectados con propuestas de mejoras.
