Empresarios del sector turístico aseguran tener identificados diez hostels ilegales en Las Palmas de Gran Canaria. Estos establecimientos están ubicados entre el barrio de Vegueta y el de Puerto-Canteras. Ninguno de ellos debería estar abierto al público porque carecen de la preceptiva licencia de apertura que otorga el Ayuntamiento para desarrollar la actividad y que los dueños de estos alojamientos, que ofertan más de 250 camas, han decidido no solicitar.
“A primera vista no los vas a reconocer. Son ilegales porque no tienen licencia y no pagan impuestos. ¿Qué se debería hacer? Pues denunciar. ¿Cómo? pues eso me gustaría saber a mí”, asegura una empresaria que prefiere mantener el anonimato, al igual que sus colegas, por miedo a represalias. “Se anuncian en páginas de reservas de hotel conocidas por todos porque llevan abiertos más de cinco años y en esa época no se les pedía nada”, apostilla. “Tengo conocimiento del caso de un hostel que ha denunciado a otro, se ha revelado el nombre del denunciante y todos los ilegales, que son muchos, le han caído encima”, afirma resignado otro empresario.
Hacen mal uso de la vivienda vacacional
Según las informaciones recabadas por Atlántico Hoy, muchos de los hostels ilegales (albergues es la palabra en español, pero hostel es la que se utiliza internacionalmente) hacen un mal uso de la vivienda vacacional (VV). “Para tener una VV tienes que firmar una declaración responsable y no hace falta presentar un proyecto firmado por un arquitecto que sí te piden para un albergue”, explica uno de los empresarios. “Ya no se trata del dinero que puedas invertir en el proyecto del arquitecto, que puede ir de los 4.000 a los 8.000 euros, más lo que cuesta toda la obra. Se trata de que esta dinámica perjudica la imagen del destino Canarias, provoca riesgos innecesarios para la seguridad de los huéspedes, por no hablar de la falta de control al no registrar a muchos de los clientes ante la policía”, razona.
La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) está al tanto de esta situación. Aseguran que las autoridades competentes tienen que hacer valer la legalidad. “Estos señores se aprovechan, al amparo de una modalidad de alojamiento que está regulada, que exige la condición de vivienda, con cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación. Que también exige darse de alta en el registro turístico y darse de alta en el IGIC, que debe contar con sus hojas de reclamaciones, sus certificados de eficiencia energética y cumplir con la ley de protección de datos”, explica Javier Martín, gerente de la asociación. “Los hostels que ofertan literas como VV están cometiendo una ilegalidad. Si las plataformas exigieran el número de inscripción en el registro turístico de las publicaciones, esto se acabaría inmediatamente porque no se podría publicar ninguna oferta ilegal”, afirma Martín.
Obligación de registrar a los clientes en la Webpol
Un hostel que actúa como tal sin serlo, pero está registrado como VV, sí registra a sus huéspedes y con ello evita las sospechas de la policía porque todos los alojamientos turísticos de España están obligados realizar el registro de viajeros en la Policía Nacional a través de la Webpol. “Hay dos hostels sin licencia en Vegueta que están hasta arriba de denuncias y que también han tenido órdenes de cierre, las cuales han ignorado no abriendo la puerta a la policía, que terminan yéndose cansados de tocar. No les abren las puertas por consejo de sus abogados. La especialidad de uno de esos alojamientos son las literas de tres pisos, que utilizan para sacar más dinero todavía, poniendo en grave peligro a los clientes”, explica el empresario.
Aunque existen comentarios publicados de los clientes hospedados en algunos de estos hostels ilegales, que son bastantes buenos, lo cierto es que también hay algunos muy preocupantes. Chinches, cucarachas, ruidos, sábanas sin lavar durante semanas y edredones con manchas, son solo algunas de las perlas que se pueden leer. Un problema que puede empañar la imagen de la capital de la isla redonda. Atlántico Hoy se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para conocer su versión sobre esta situación, pero todavía no ha obtenido respuesta.