La querella presentada contra el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por acordar la obligatoriedad del certificado de vacunación o de presentar un test negativo de COVID-19 para acceder a restaurantes, gimnasios y otros servicios no ha sido admitida a trámite. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife frente a la denuncia de la asociación Liberum, que consideraba "usurpados" sus derechos.
La querella la presentó la asociación en septiembre acusando a Torres de haber prevaricado, de coaccionar a los ciudadanos para que se vacunaran y de incitar al odio hacia aquellas personas que han decidido no inmunizarse. Tres acusaciones que la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha desestimado, porque no observa base alguna para atribuir al presidente de Canarias ninguno de esos delitos.
Discriminación
En primer lugar, la magistrada recuerda que el Tribunal Supremo falló el pasado 24 de septiembre que la mera exhibición del pasaporte COVID que acredita que una persona está vacunada, se ha hecho una prueba diagnóstica reciente o ha superado la enfermedad "no produce una discriminación" entre vacunados y no vacunados. Y ello, recuerda citando al Supremo, porque quien no quiera vacunarse tiene a su disposición la alternativa de presentar una prueba dianóstica negativa, una documentación "asequible a todos".
Además, respecto al derecho a la intimidad que aducía en defensa de su querella la asociación Liberum, la instructora subraya que el Alto Tribunal ya ha sentenciado que "no parece que pueda esgrimirse la prevalencia de ese derecho frente al derecho a la vida o la protección de la salud pública, toda vez que la información sobre si se ha recibido la vacuna o no, en momentos en los que se atraviesa una pandemia, es una pieza básica y esencial para impedir la propagación de la infección por SARS-CoV-2 y, por lo tanto, para la preservación de la vida y de la salud de otros".
Sin infringir la protección de datos
Tampoco aprecia la juez que el hecho de exigir el pasaporte COVID suponga una vulneración de las normas de protección de datos personales, asunto sobre el que también hay jurisprudencia que avala que "la mera exhibición" de ese certificado, sin archivar ni almacenar nombres ni datos, no infringe la legislación.
Desde ese punto de partida, la magistrada responde a Liberum que el presidente de Canarias no ha prevaricado, "no ha dictado ninguna resolución arbitraria", sino una decisión "basada en datos objetivos proporcionados por las instituciones médicas competentes ante la situación de alarma debido a la pandemia".
Recuerda, con apoyo de nuevo en el Tribunal Supremo, que las respuestas ante una emergencia sanitaria con "grave e inminente peligro" para la vida y la protección de la salud pública "forzosamente han de ser cambiantes", para adaptarse a los criterios "médicos y epidemiológicos", en función de cómo evolucione la pandemia.
Vacunación no obligatoria
La juez rechaza igualmente que pedir el pasaporte COVID supusiera "coaccionar" a los ciudadanos para que se vacunaran, porque la vacunación no ha sido en ningún momento obligatoria y porque quien no quisiera administrársela, podía acceder a los mismos establecimientos y servicios por otras dos vías: presentando un test negativo o un certificado de haber pasado la covid-19.
Y lo mismo resuelve respecto a la acusación de incitación al odio contra los no vacunados: "En este caso", responde la magistrada a Liberum, "no ha existido dicho fomento ni incitación, como tampoco se ha promovido dicha situación". "Las autoridades públicas, no solo de la comunidad autónoma, sino del país han recomendado encarecidamente la vacunación, sin que eso suponga por contradicción un ataque hacia aquellas personas que voluntariamente deciden no vacunarse", añade.