Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia hace 18 años, un total de 23.351 personas han fallecido en Canarias esperando una prestación, según el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. De ellas, 9.150 ya tenían reconocido el derecho, pero no llegaron a recibirlo.
Actualmente, Canarias se posiciona como la comunidad autónoma con el mayor porcentaje de personas en lista de espera para recibir servicios o prestaciones de dependencia, alcanzando el 41,78 % de los solicitantes, frente al promedio nacional del 13,37 %.
Retrasos en la tramitación
El informe también señala que Canarias es la segunda comunidad con mayor demora en los trámites de reconocimiento de la dependencia, con un promedio de 574 días (casi un año y siete meses), a pesar de que la ley establece un plazo máximo de 180 días. Solo Andalucía supera este tiempo, con una media de 618 días.
Aunque el informe destaca una leve mejora en 2024, al reducirse los tiempos de espera en 74 días, la demora sigue siendo significativamente superior a la media nacional, situada en 330 días (once meses).
Incremento de la lista de espera
Las previsiones para este año no son optimistas: el número de personas en lista de espera en Canarias podría crecer un 42,03 %, una tasa solo superada por la Comunidad de Madrid.
Esto implica que un 18,77 % más de demandantes quedarían en el "limbo administrativo", es decir, con el derecho formalmente reconocido pero sin prestación activa.
Impacto de la falta de atención
El informe detalla que, a nivel estatal, casi 900.000 personas han fallecido en las listas de espera desde que se aprobó la ley.
En Canarias, las dificultades administrativas y los retrasos generan una carga emocional y económica para las familias, mientras que la reducción en las cuantías de las prestaciones y la apuesta por servicios de bajo coste afectan la calidad del apoyo recibido.
Propuestas para mejorar el sistema
Según José Manuel Ramírez, presidente de la asociación autora del informe, es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de flexibilidad que eviten duplicar trámites en cada solicitud. A nivel estatal, se plantea un plan para alcanzar la plena atención en cinco años, aunque las comunidades autónomas deben resolver problemas de gestión y financiación.
En estos 18 años, la Ley de Dependencia ha atendido a 3,7 millones de personas, pero la media de gasto por persona ha disminuido un 26,6 % desde 2010, pasando de 8.145 euros anuales a 5.982 euros en 2024.
Un reto urgente
Canarias enfrenta uno de los desafíos más graves en el ámbito de la dependencia. Con tiempos de tramitación excesivos, un crecimiento constante de la lista de espera y miles de personas falleciendo sin recibir atención, el sistema requiere reformas urgentes.
La mejora en la financiación estatal de los últimos años no ha sido suficiente para equilibrar la balanza en una comunidad que continúa liderando los índices de desatención.