La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha afirmado este martes que el Gobierno de Canarias "actúa de inmediato", ante cualquier indicio de irregularidades en las residencias sociosanitarias.
A instancias de la diputada de Nueva Canarias Natalia Santana, Delgado ha explicado que el servicio de inspección de las residencias públicas y concertadas recae en los cabildos, y el de las privadas, en el Gobierno de Canarias. Ha hecho hincapié en que cuando tomó posesión se encontró con apenas tres inspectores y una jefa de servicio, y que alguno estaba de baja sin que se cubriera su plaza durante años.
Ampliar la plantilla
Delgado ha detallado que se está mejorando la relación de puestos de trabajo para ampliar la plantilla de inspección y, mientras el proceso sigue su curso, se están realizando visitas a las residencias por parte de técnicos de diferentes direcciones generales dependientes de su Consejería.
Ha aludido también a la "estrecha relación" con la Fiscalía de Mayores, que realiza sus inspecciones, al "contacto diario" con los cabildos, para que realicen informes de los centros, y a la coordinación con los inspectores de Salud Pública y con los médicos de Atención Primaria que visitan estas instalaciones.
Asimismo, se ha referido al acuerdo alcanzado con la Consejería de Presidencia para que agentes de la Policía Canaria hagan visitas programadas a los centros, y si ven alguna irregularidad, luego acude un inspector a corroborarla.
Situaciones de maltrato
Esther Santana (NC) ha tildad de "ocurrencia" que parte de la inspección de las residencias recaiga sobre la Policía Canaria, y ha expresado su temor porque esta "medida puntual se convierta en permanente".
Santana ha puesto el acento en que "más de la mitad" de las residencias sociosanitarias "ni se inspeccionan ni se visitan", así como en la proporción "inasumible" de inspectores por centro: a cada uno le corresponden 147.
Y ha asegurado que "en muchas ocasiones" en estos centros se dan "situaciones de brutal maltrato" y de "vulneración de los derechos e integridad" de los usuarios, como por ejemplo que se recurra como "práctica habitual" a las sujeciones