En la administración hay una serie de instituciones poco conocidas, pero importantes por su labor de fiscalización y control. De todas ellas, en Canarias quizá la más ignorada sea el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es también la más joven. Nació con la ley de transparencia de 2014 y desde entonces se encarga de fomentar, analizar, controlar y proteger la transparencia pública, un trabajo en el que está consiguiendo resultados dispares porque la legislación se queda corta y las administraciones aún no han interiorizado eso de ser transparentes.
"Al no haber mucha cultura de la transparencia, ni en las administraciones ni en la sociedad, los resposanbles públicos dicen: 'Si al final pregunta como mucho el 0,001% de la población, que se vea defraudado no tiene coste para mi comportamiento electoral'. Entonces deja de ser un elemento fundamental de sus políticas. Esa es la razón de que haya tanto silencio administrativo", explica Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia de Canarias desde 2015.
Él dirige una institución pequeña —apenas ocho personas— que tiene como principal misión cambiar esa situación. Aunque admite que cada vez se ejerce más el derecho de acceso a la información pública, reclama más implicación de la sociedad y los medios de comunicación para provocar un cambio en los poderes públicos. "Siguen aumentando las preguntas, pero no hay un censo global estatal de la evolución del número total. Intuimos que están creciendo, pero como se partía de cifras muy bajas hace cuatro o cinco años, todavía son pocos los que ejercen este derecho de acceso", dice.
El número de reclamaciones ante el Comisionado sirve como indicador: entre 2018 y 2021 aumentaron casi un 50%, y para 2022 la previsión es que suba otro 5%. Pero en total, la cifra de reclamaciones no llegará a las 600. Una cantidad muy pequeña, pero mayor que el de otras comundades en comparación. Solo Cantabria tuvo en 2021 más reclamaciones por cada 100.000 habitantes.
La evaluación, cada vez mejor
El Comisionado de Transparencia evalúa la transparencia de los organismos públicos y de muchas entidades privadas que reciben dinero público. Lo hace a través de una herramienta que permite la autoevaluación, lo que junto a la publicidad de los resultados ha fomntado que esa evaluación cada vez funcione mejor y los resultados mejoren.
"Cuando comenzamos en 2016 a hacer la evaluación, solamente a los principales organismos (Gobierno, cabildos, ayuntamientos...), la nota media era 3,5. Progresivamente la hemos ido aumentando a entes dependientes. El conjunto de todo ese sector público llegó el año pasado a 7,7", comenta Cerdán. "La publicación de los resultados fue animando a todo el mundo a aumentar el nivel de transparencia activa".
"Hace dos años, cuando ya cogimos más musculo evaluador, ampliamos a todos los cientos de entidades que en Canarias recibían subvenciones por encima de 60.000 de euros. Y el año pasado, también a las que las recibieron de los cabildos y grandes ciudades. Ahora estamos emplazando a más de 3.000 sujetos, muchos de ellos receptores de fondos europeos y fondos covid. No en todas las comunidades se lleva a cabo este ejercicio", presume Cerdán. Los resultados fueron anunciados hace un mes. Por primera vez rindieron cuentas las 98 instituciones públicas principales de Canarias (Gobierno, cabildos, ayuntamientos y universidades) y sus 231 entes dependientes. También lo hizo el 83% de los entes privados subvencionados.
Lo que deben mejorar las leyes de transparencia
Pero ese es solo uno de los pilares de la transparencia. El otro es el derecho de acceso a la información. Y si la salud del primero está cada vez mejor, con el segundo Cerdán no es tan optimista. "Podemos decir que la transparencia todavía funciona con muchos límites. Aún no ha penetrado en la cultura administrativa, no se responde siempre cuando el ciudadano contesta. Entre el 70% y el 75% de las reclamaciones que recibimos son porque las administraciones ni siquiera responden", explica el comisionado.
Tanto la ley canaria como la estatal se quedan cortas en un aspecto fundamental: la capacidad para hacer cumplir las resoluciones de consejos o comisionados de transparencia. Es una opinión unánime en la comunidad de la transparencia en España desde la creación de la ley estatal en 2013. Un organismo público puede incumplir una resolución sin sufrir ninguna consecuencia, más allá del escarnio público, que en la mayoría de las veces es inexistente.
"Una regulación un poco más coercitiva"
"Necesitamos una regulación un poco más coercitiva y con más poder para que los comisionados puedan para exigir el cumplimiento de sus resoluciones", apunta Cerdán. "Lo que se está reclamando es que tengan algún mecanismo para que el que incumpla reciba, por ejemplo, multas. E ir incorporando más obligaciones de publicidad activa en la medida en que ahora la digitalización de la sociedad corre tanto y se amplía con tanta rapidez. Hay muchas cosas que están en los discos duros de las administraciones y que podrían estar en el disco duro de los portales de transparencia", añade el comisionado.
Cerdán cree que, en general, las unidades de transparencia están infradotadas, sobre todo en los ayuntamientos. "Pero también es cierto no siempre esa queja está respaldada por la realidad. En muchas ocasiones se preguntan cosas que se tardan minutos en responder y tampoco se hace. La queja de la falta de medios es cierta en algunos casos y es una excusa en otros", dice.
El comisionado está seguro de que la transparencia pública irá mejorando con el tiempo, "pero sin milagros de hoy para mañana". "Ni los medios ni la presión social sobre este tema van a crecer", concluye.