Las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se unirán este sábado a una veintena de territorios de España que alzarán la voz contra “el recorte de derechos” que plantea el PSOE a la ley trans. A ello se suma un constante retraso en la tramitación de la norma que ha despertado el hartazgo de un colectivo que sabe, gracias al ejemplo de Canarias, que es posible un consenso unánime pese a las diferencias ideológicas.
Las movilizaciones tendrán lugar a las 12:00 horas en Tenerife (plaza de La Candelaria), Lanzarote (Cabildo Viejo) y en Fuerteventura (calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario), mientras que en Gran Canaria se desarrollarán en la plaza de La Feria a las 16:00 horas, poniendo el broche final a los reclamos del colectivo trans, que se basan en blindar la autodeterminación de género, la libre reversibilidad y en dar agilidad a la tramitación de la norma.
El ejemplo canario
En 2021, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales con el consenso de todos los grupos políticos. El texto ha sido celebrado abiertamente por la comunidad trans de las Islas por su carácter abierto e innovador en materia sanitaria, deportiva, educativa o al respecto de las administraciones canarias.
Así lo defiende Sergio Siverio, de la Asociación Diversas, quien abiertamente reclama que “ojalá aprendieran (los partidos políticos) del procedimiento que se dio con la aprobación de la ley trans en Canarias”. Pero la realidad dista del deseo y los enfrentamientos dentro del seno del Gobierno central en relación a dos enmiendas presentadas por el grupo socialista han provocado que, de nuevo, el colectivo salga a la calle.
La gota que colma la ley
“Ya de por sí los colectivos veníamos estando bastante indignados porque el contenido de ese proyecto de ley venía recortado con respecto a los derechos de personas menores trans, personas no binarias a las que no se les reconoce en el proyecto de ley o también de las personas migrantes”, explica Siverio. El vaso se colmó cuando el grupo socialista presentó dos enmiendas a un texto que ya se había aprobado en el Consejo de Ministros, retrasando aún más la tramitación.
“Creemos que es una estrategia dilatoria por parte del grupo parlamentario socialista, que no está totalmente unido ni tiene clara su posición con respecto a los derechos de las personas trans. Sabemos que dentro del PSOE hay sectores que se autoproclaman feministas pero que son claramente transexcluyentes”, defiende. Esta posición la han defendido caras visibles del socialismo como la tinerfeña Carla Antonelli, quien a causa de las enmiendas ha abandonado el partido al considerar que el ala más conservadora del partido quiere evitar la aprobación de la ley tal y como desean los colectivos LGTBI.
La autodeterminación y los menores
El proyecto de ley establece un nuevo régimen en relación a la rectificación registral del sexo y nombre. Actualmente son necesarios dos años de hormonación y un informe diagnóstico de disforia de género para conseguirlo, pero la intención es conseguir la rectificación registral a través de la autodeterminación de género, sin pasar por hormonas ni por el criterio judicial. Con este planteamiento no hay debate sino que surge cuando los menores entran en la ecuación.
“El proyecto de ley establecía un sistema por franjas de edades para establecer esta rectificación de la mención relativa al sexo. De esta manera, de los 12 a lo 14 años se requeriría una autorización judicial, de los 14 a los 16 años bastaría solamente con la asistencia de las familias o los representantes legales y apartir de los 16 años la persona, a todos los efectos, ejercería su derecho a rectificar el sexo como si fuera una persona mayor de edad”, explica el activista por los derechos LGTBI. La enmienda presentada por el PSOE, sin embargo, retrasa hasta los 16 años la obligatoriedad de contar con una autorización judicial para la rectificación relativa al sexo.
La reversibilidad
La otra enmienda presentada por el PSOE que ha cabreado al colectivo LGTBI se refiere a la reversibilidad, es decir, a la posibilidad de que una persona trans que haya rectificado su género en el registro pueda dar lugar a una retroacción del procedimiento, de tal forma que pueda volver al género anterior. Para conseguirlo es necesaria una autorización judicial, sin embargo, el proyecto de ley plantea que se pueda hacer de manera automática una primera vez y si se produce en una segunda ocasión sí se requerirá de autorización judicial.
“Estas dos enmiendas vienen a limitar y a recortar un proyecto de ley que ya venía sumamente mermado”, denuncia Sergio Siverio. “Por eso salimos a protestar, además de porque entendemos que el ánimo es dilatorio. Es decir, que el objetivo que tiene, sin perjuicio de recortar el contenido de la ley -que no lo olvidemos, ya venía acordada por los partidos del gobierno, PSOE y Unidas Podemos-, es dilatar el procedimiento para que no se apruebe en esta legislatura como ya ha sucedido en anteriores procesos”, añade.
Un juguete ideológico
La percepción del colectivo es que se les está usando como un juguete dentro de las luchas ideológicas del Gobierno central. Así se siente Yelko, miembro de la Asociación Transboys, quien asegura que “hay una lucha política” por la aprobación de la ley. Pero tal y como reclama, las propuestas del partido socialista no favorecen a los más pequeños del colectivo y recalca en la necesidad de garantizar una infancia segura y sana para los menores que necesitan transitar.
“Tenemos que crear una sociedad donde la felicidad sea el objetivo. Si somos capaces de crear una sociedad donde el respeto esté por encima de los propios intereses nuestros y de nuestros políticos, que es lo que estamos viendo ahora mismo, crearemos una sociedad de bandera, pero ahora mismo no la tenemos. Ahora el odio camina más rápido que el amor y nos estamos equivocando”, opina en relación al camino que debería seguir la sociedad.
Evitar la paralización
Ambos activistas recalcan a través del teléfono el ejemplo de Canarias como un escenario donde el consenso ha permitido desarrollar una ley que ha servido de ejemplo para otras comunidades. “Si la ley Canaria pudo establecer una regulación garantista y suficientemente amplia para las personas trans también lo puede hacer la ley estatal”, resalta Sergio Siverio.
“Tenemos una preocupación muy grande en relación a que los conflictos que se están generando en el seno de los partidos que conforman el Gobierno puedan generar un bloqueo en torno al proyecto de ley”, asegura el activista de Diversas.