España podría regularizar, tras una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), a medio millón de personas migrantes que viven y trabajan en el país sin papeles y sin derechos básicos. Esta contaba con más de 600.000 firmas, así como el respaldo de 900 organizaciones de la sociedad civil. Tras la votación en el Congreso de los Diputados, a principios de abril, la ILP consiguió 310 votos a favor y 33 en contra —del grupo parlamentario Vox—. El resto, con sus diferencias y matices, se posicionaron a favor de la regularización, incluida Coalición Canaria.
“Nosotros apoyamos que se abra el debate y se aborden las soluciones para solucionar esta realidad en la que vecinos y vecinas llevan años aquí trabajando, cuidando a nuestros mayores, realizando oficios para los que no tenemos mano de obra y a los que se les obliga a permanecer en la economía sumergida porque no se les puede contratar”, explica Cristina Valido, diputada de CC, a Atlántico Hoy.
Economía sumergida
La Iniciativa Legislativa Popular presentada reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en España debido a que “los criterios de acceso a la residencia son altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento”, y por otro lado, “el procedimiento administrativo implementado es lento, burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones o su renovación”.
“Insisto”, continúa Valido, “muchas personas tienen un contrato de trabajo a mano y no lo pueden asumir porque no tienen aún los papeles”. Para la diputada la cuestión del debate está “en dónde se pone la barrera del tiempo, es decir, cuántos años y a partir de qué año se contempla la situación de regularizar a la persona”. Es un tema que no se puede eludir porque, según la representante de Coalición Canaria en el Congreso, “son personas que estarían aportando, a través de los impuestos, una colaboración económica muy importante”.
La situación en Canarias
El texto da al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. Los promotores defienden que, sin su regularización, se vulneran sus derechos fundamentales, se les impide contribuir económicamente a la sociedad y no se pueden planificar ni dimensionar los servicios públicos que necesitan los ciudadanos. Asimismo, recuerda el trabajo de las comunidades de migrantes en situación irregular durante la pandemia en sectores imprescindibles como los cuidados, el reparto a domicilio o la recogida de fruta y verdura, cuando pagaron “un altísimo precio en forma de contagios y muertes”. “Nuestra sociedad tiene una deuda de gratitud con uno de sus colectivos más vulnerabilizados”, concluye la ILP.
¿Y en Canarias? “Hablamos de gente que lleva años aquí, que puede trabajar y que, además, hay ofertas de empleo que no se cubren”, manifiesta Valido. “Estamos huyendo continuamente de determinados sectores vinculados a la agricultura, por ejemplo, y tenemos a personas trabajando en ellos sin cotizar y sin contrato desde hace tiempo, no podemos fingir que esas personas no existen”.
Regularizar vs nacionalidad
Una de las dudas que suele surgir a la hora de escuchar la palabra regularizar es que se puede confundir con dar la nacionalidad a la persona migrante. Al contrario, la regularización permite que estas personas puedan estabilizar su situación, es decir, es un trámite administrativo. Esto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), contribuye a que “disminuyan las probabilidades de que las personas afectadas por ella puedan ser explotadas, aumente la recaudación fiscal y las aportaciones a la seguridad social del Estado, mejore la disponibilidad de datos exhaustivos sobre el mercado laboral y la migración irregular, y debilita la economía sumergida”.
En España si se quiere conseguir la nacionalidad por residencia se exige haber vivido en el país, al menos, 10 años “de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición”. Además, deberán hacer dos pruebas en el Instituto Cervantes: una sobre el conocimiento del idioma español y otra de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. En ningún caso la regularización supone la obtención de la nacionalidad.