La querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra la Fundación Respuesta Social Siglo XXI por una presunta malversación de fondos con 12 millones de euros destinados a gestionar centros para menores migrantes apunta a posibles fines para los que utilizaban el dinero los cuatro directivos denunciados. Una de las directoras, señala el documento al que ha accedido EFE, pagó con la tarjeta de crédito de su centro 1.500 euros en una clínica estética.
El fiscal apunta a que, esta persona en concreto, según detalla la publicidad de la clínica, se habría realizado un full fase. Es decir, un tratamiento de belleza y rejuvenecimiento facial a base de inyecciones de bótox. Además, en la querella adelantada por Canarias7, se detalla que otros destinaron el dinero público de los centros de migrantes a comprar viagra, métodos para dejar de fumar, restaurantes o ropa en una conocida multinacional.
Las consecuencias
Anticorrupción tiene claras las consecuencias. Aparte de "enriquecerse", los querellados "originaron una merma en la calidad de la atención integral de los menores, en las instalaciones y en sus estancias, que se evidencian en las actas de inspección" emitidas por la Fiscalía de Menores, el Defensor del Pueblo, el Diputado del Común de Canarias o la Dirección General de Atención a la Infancia.
Es llamativo también que uno de los denunciados alegó que su centro había gastado 20.288 euros en combustible en el segundo semestre de 2021. O lo que es lo mismo, aclara el fiscal, 99,22 euros diarios, equivalentes a recorrer 1.200 kilómetros por jornada en Gran Canaria. Dar la vuelta completa a la isla representa menos de 200 kilómetros.
Cuáles son los centros
Los centros que están en el punto de mira de la justicia son Guiniguada, Alcorán y Portobello (Gran Canaria) y La Santa y Yaiza (Lanzarote). El propósito de esos fondos era integrar a niños y adolescentes en desamparo. Anticorrupción pide al juzgado de Las Palmas de Gran Canaria que ordene una auditoria "exhaustiva" sobre cómo ha gastado esta entidad los 12.505.878 euros que ha recibido desde 2020 de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno canario.
En la querella, el Ministerio Público detalla por el momento gastos "sin justificación" por más de 41.000 euros, pero también sugiere que esa cantidad puede que represente solo una parte, porque "no se ha ejecutado un seguimiento efectivo del destino material del ingente dinero público transferido a la Fundación".
Inspecciones
La denuncia tiene su origen después de las inspecciones llevadas a cabo entre 2020 y 2022 por la Fiscalía de Menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, el Defensor del Pueblo y el Diputado del Común.
Noemí Santana, consejera de Derechos Sociales en la última legislatura, dictó una orden en febrero de este año donde informaba de que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI prestaba un servicio a “entera satisfacción”, como recogió este viernes el periódico Canarias7. Además, permitió el abono a la Fundación de facturas de hasta 518.132 euros.
Irregularidades
Anticorrupción, en su querella, enumera algunas irregularidades formales como que la Fundación no estaba inscrita en el Registro Canario de Fundaciones ni en el Estatal, ni está al día en rendición de cuentas. Ofrece el dato de que el banco con el que operaban sus centros en Canarias le cerró las cuentas por lo sospechoso de su operativa.
A lo largo de casi un centenar de folios, el delegado de Anticorrupción en Las Palmas examina los movimientos bancarios de los querellados, para concluir que se apropiaron de cantidades que van desde 863 euros, en el menor de los casos, hasta más de 18.000 en el mayor.
El Gobierno se personará
Un informe emitido en marzo de 2023 por la Fiscalía de Menores tras una visita a uno de esos centros, precedida de varias inspecciones del Defensor del Pueblo expresa que “no salen las cuentas”. No eran capaces de comprender en qué se estaban invirtiendo los fondos destinados en la manutención de los menores.
La Fundación Respuesta Social Siglo XXI ha publicado en la portada de su página web un comunicado en el que niega las irregularidades y defiende su trabajo. Por su parte, el Gobierno de Canarias decidió este jueves personarse como acusación particular en el caso, en calidad de perjudicado.