La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará este miércoles a S.F.C.R., un corredor de seguros que trabajaba en un establecimiento abierto al público en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía (Gran Canaria).
El acusado actuaba como intermediario en la contratación de pólizas de seguros, entre los clientes y las compañías. Según el escrito de la Fiscalía, durante los años 2015 y 2016 y en varias ocasiones, recibió, en el ámbito de dicha actividad profesional, distintas cantidades de dinero de algunos clientes para ser destinadas al abono de las primas de las pólizas de seguro contratadas por los mismos, pero presuntamente nunca las llevó a efecto.
Tres estafados
Un cliente contrató el seguro obligatorio de responsabilidad civil para su vehículo Renault Clío con la compañía Plus Ultra Seguros para lo cual abonó en octubre de 2015 al acusado 227,26 euros con la intención de contratar una póliza con una vigencia anual.
Otro contrató el seguro obligatorio de responsabilidad civil para su vehículo Peugeot 4007 con la compañía Generali para lo cual en marzo de 2016 abonó al acusado 300 euros para contratar una póliza con una vigencia anual. Una tercera cliente contrató otro seguro obligatorio de responsabilidad civil para su vehículo Volkswagen Polo con la compañía Plus Ultra Seguros y en enero de 2016 abonó al acusado 251,29 euros para contratar también una póliza con una vigencia anual.
Multas
La Fiscalía acusa al corredor de seguro de no cumplir con sus obligaciones y su intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, “hizo suyas las cantidades percibidas, de modo que dejó impagadas las primas de las pólizas de los seguros contratados, por lo que las respectivas compañías aseguradoras anularon las pólizas correspondientes por falta de pago con el consiguiente perjuicio para los clientes anteriormente mencionados, quienes no consiguieron tener sus respectivos vehículos asegurados ni el reintegro de las cantidades entregadas” detalla el escrito de acusación.
Además, como consecuencia de la presunta imprudencia del corredor de seguros, el marido de una de las clientes estafadas resultó multado con 1.500 euros cuando conducía el vehículo de su esposa al carecer del seguro obligatorio de responsabilidad civil.
También acabó multado uno de los clientes con otros 1.500 euros por carecer del mismo seguro mencionado anteriormente. Pero es que ese día tuvo un accidente y su mujer embarazada tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital y el Servicio Canario de la Salud le pasó una factura de 227,78 euros por no tener seguro en vigor.
Dos años y seis meses
El Ministerio Fiscal pide para el acusado una pena de dos años y seis meses de cárcel como presunto autor de un delito de estafa e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de corredor, mediador o agente de seguros durante el tiempo de condena.
Además, deberá indemnizar a los clientes con el dinero presuntamente apropiado y las dos multas, en concreto la cantidad asciende a más de 3.000 euros.