La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales ha denunciado la reciente aprobación por parte del Gobierno de Canarias de la modificación en la Ley de Cambio Climático que “altera significativamente” la responsabilidad en materia de aguas y gestión de residuos.
De esta manera, la asociación expresa que el Gobierno regional transfiere la carga de estas responsabilidades a las administraciones públicas locales, incluyendo ayuntamientos y cabildos.
El "competentes" de la discordia
Así, el colectivo recuerda que la ley previamente determinaba que “el Gobierno de Canarias establecerá un paquete de medidas de impacto como ámbito de actuación prioritaria al objeto de dar solución a los incumplimientos ambientales en materia de aguas y de gestión de residuos".
Sin embargo, con la modificación aprobada, el texto ahora indica que "las administraciones públicas de Canarias competentes establecerán un paquete de medidas de impacto como ámbito de actuación prioritaria al objeto de dar solución a los incumplimientos ambientales en materia de aguas y de gestión de residuos".
En este contexto, la AECCM declara que “los ayuntamientos y los cabildos carecen de los recursos financieros necesarios para las inversiones que requiere la solución de estos problemas, y el Gobierno lo sabe”.
Cambio de responsables
“El gobierno se ha quitado de en medio”, afirma el presidente de la AECCM, Juan Rumeu, a Atlántico Hoy. “Ha trasladado la responsabilidad a quien no tiene capacidad para hacerlo”, agrega.
En este sentido, acusa al Ejecutivo porque dicha modificación en este apartado de aguas y gestión de residuos “contraviene directivas europeas y no justifica la amplificación de la de la ley anterior”. Por ello, insiste en que el Gobierno de Canarias se quita de en medio “y elude su responsabilidad en la resolución de un grave problema que afecta tanto a la salud de los ciudadanos como a la protección del medio ambiente”.
Preocupación
Rumeu comparte, además, que representantes de varios ayuntamientos les han trasladado su preocupación por la falta de apoyo financiero y técnico del Gobierno regional, manifestando que "nos están dejando solos para enfrentar un problema que requiere de una coordinación y recursos que superan nuestras capacidades”.
Ejemplos que menciona el presidente de la AECCM son la falta de alcantarillado y sistemas de depuración en la mayoría de los núcleos de población en Canarias. “Mientras siga la inacción del gobierno canario continuarán en nuestro litoral los vertidos al mar y al subsuelo de las aguas residuales sin depurar”, espeta.
Inversión necesaria
“No solamente es la salud pública y el tema medioambiental, es que se necesitan inversiones en Canarias que superan los 2.000 millones de euros para arreglar todo ese tema de alcantarillado, depuración, colectores... Todo. Y después está el tema hídrico, porque al final la contaminación no es solamente en el mar es también en todos los acuíferos”, argumenta.
De esta manera, Rumeu señala el extracto del comunicado donde la AECCM asegura que “la salud de los ciudadanos seguirá comprometida cuando acudan a las playas a bañarse o cuando consuman agua de acuíferos contaminados”, a la vez que comparten la resignación de que “continuarán las multas millonarias que pagaremos todos, el procesamiento de alcaldes y concejales por incumplimientos de la normativa medioambiental que les obliga, y el Gobierno estará de perfil en sus poltronas”.
Por todo ello, Rumeu adelanta a Atlántico Hoy que se va a dirigir a Europa “para retroceder a la ley anterior, que es la única que garantiza que esto se pueda resolver, porque ni los ayuntamientos ni los cabildos tienen capacidad económica para afrontarla” y deja un último mensaje al Ejecutivo regional: “Que aprendan a negociar los fondos europeos para tener la financiación que necesitan las islas”.