El constructor grancanario Sergio A. L. y su hijo Alejandro A. P. serán juzgados este miércoles en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas acusados de delitos contra la Seguridad Social e insolvencia punible. Los dos hombres se enfrentan a penas de diez y cuatro años de prisión, respectivamente, y a una multa de varios millones de euros.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los acusados crearon la empresa Formosa Dos SL con el objeto de dedicarse a la construcción de edificios residenciales. A Formosa Dos estuvieron adscritos numerosos trabajadores, pero el impago de las cuotas de cotización de los mismos generó una deuda que el 1 de diciembre de 2017 sumaba la cantidad de 893.845,82 euros, debido a que durante el período comprendido entre marzo de 2008 y noviembre de 2014 solo se abonaron las cuotas correspondientes a los meses de febrero, junio y julio de 2009.
Como consecuencia de la elevada deuda generada con la Seguridad Social, y ante la imposibilidad de seguir desarrollando la actividad económica de construcción a través de Formosa Dos SL, ya que no podrían acreditar unos certificados de cotización en regla, Sergio A. L. constituyó una nueva empresa llamada Creativos 2007 SL. Su actividad, según el Indicador de actividad económica, era el "comercio al por menor de alfombras, moquetas y revestimientos de paredes y suelos en establecimientos especializados", pero dejó de tener trabajadores contratados en 2010.
Certificados de cotización negativos
Sin embargo, Creativos 2007, SL siguió facturando trabajos pese a carecer de trabajadores y haciendo las correspondientes imputaciones en el modelo de presentación obligatoria que reflejan las compras o ventas con terceros superiores a 3.000 euros, durante los años 2011 a 2013.
“Y ello porque los trabajos en realidad eran realizados con los trabajadores de Formosa Dos SL donde mantenían el alta en Seguridad Social, y los ingresos que generaba esa actividad económica desarrollada por Formosa Dos los cobraba Creativos 2007", explica el escrito de la fiscalía.
Así se lograban dos objetivos, por un lado Creativos 2007 podía seguir presentando certificados de cotización negativos dado que nada debía a la Seguridad Social porque carecía de trabajadores, mientras que la cuota de cotización de los trabajadores de Formosa seguían sin abonarse. Por otro, dado que los ingresos derivados del desarrollo de la actividad económica que materialmente ejecutaba Formosa se recibían en Creativos 2007 que era quien los facturaba evitaba el embargo de tales cantidades para el resarcimiento de la deuda generada”, asegura el fiscal.
El 2 de julio de 2014, Formosa Dos SL despidió a los últimos cinco trabajadores que quedaban en su plantilla. Sin embargo, se cursó el alta de todos ellos de nuevo el día 21 de julio de 2014 en la entidad Grupo León Inversores SL. “Se trata de una nueva entidad constituida por el acusado Sergio A. por escritura pública de 5/3/2014 ,de la que también es su administrador único, si bien formalmente los socios de la misma son María del Mar A. L, y Alejandro A. P., hijo del acusado y contra quien también se dirige la acusación. La citada entidad causó alta en la Seguridad Social el 14/7/2014, su actividad económica es como en el caso de Formosa Dos, "la construcción de edificios residenciales", y apenas debe la cantidad de 715,06 euros a SS como deuda propia”, detalla el escrito de acusación.
Vía de apremio sin resultado
Desde la Inspección Provincial de Trabajo y la Seguridad Social se realizaron actuaciones de comprobación con el objeto de determinar la posible sucesión de empresas acometida por el acusado Sergio A. L. con la intención de defraudar a los acreedores. En este caso la presunta deuda contraída con la Seguridad Social ascendería a la cantidad de 538.380,85 euros a fecha de 1 de diciembre de 2017, deuda íntegramente derivada de la de Formosa Dos SL, por los años de 2009 a 2014.
La Tesorería General de la Seguridad Social inició la vía de apremio contra el acusado sin obtener resultado alguno. La Fiscalía considera que el constructor es el autor de unos presuntos delitos contra la seguridad social y de insolvencia punible y se enfrenta a 10 años de cárcel y a pagar 2.365.565,04 euros de multa, otra multa con cuota diaria de 12 euros, por el delito de insolvencia punible, durante 18 meses y a indemnizar a la seguridad Social con la cantidad de 788.521,68 euros. Su hijo Alejandro se enfrenta a 4 años de cárcel por un presunto delito de insolvencia punible y a pagar una multa con cuota diaria de 12 euros durante 18 meses.