Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud y uno de los investigados en el caso Mascarillas, ha afirmado que siempre ha actuado "bajo la legislación vigente en cada momento" y que el estafado es el Gobierno de Canarias, dijo a la salida de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde este jueves estaba llamado a declarar ante el juez que investiga el caso.
"He respondido a las preguntas de todas las partes y he intentado aclarar que el Servicio Canario de la Salud, y yo en particular, siempre ha actuado bajo la legislación vigente en cada momento", ha declarado Domínguez en una breve atención a los medios tras finalizar su declaración ante el juez, que le imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
Domínguez ha explicado que ha intentado aclarar "algunas cuestiónes que tienen que ver con los modelos de mascarillas que se adquirieron y su utilidad". "Y por supuesto nuestro interés, que fue, es y seguirá siendo que poder recuperar para las arcas públicas esos cuatro millones de euros", ha dicho. El SCS pagó cuatro millones de euros a la empresa RR7 United por un millón de mascarillas que nunca recibió. El administrador único de la sociedad, Rayco González, también ha declarado este jueves ante el juez que instruye el caso.
El director del SCS defendió que "obviamente" el estafado en el caso Mascarillas es el Gobierno de Canarias. "Tiene que recuperar esos recursos, es lo que siempre hemos mantenido desde el principio, y la Agencia Tributaria Canaria trabaja arduamente con todos sus medios para poder recuperar esos cuatro millones de euros", ha señalado Domínguez, que reconoció que hay cosas que su abogado le ha recomendado no desvelar.