Concepción reconoce que tomaba las decisiones y Fiscalía reduce la petición de pena

El empresario y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, ha reconocido este lunes que era quien como presidente de Islas Airways tomaba las decisiones de los actos por los cuales está acusado de estafa, con lo que el Ministerio Fiscal ha reducido de 4 años a 12 meses la petición de condena.Durante la primera sesión del juicio por la presunta estafa cometida en la gestión de las bonificaciones a residentes de la compañía aérea Islas Airways, la fiscal Jezabel Criado redujo la petición de pena ante el cambio de declaración de Miguel Concepción y por la atenuante de dilación indebida.Jezabel Criado explicó que antes se consideraba a Miguel Concepción y a sus hijas Elosía y Verónica, autores de la estafa, mientras que ahora el padre es considerado autor directo y las hijas como cómplices, y en cuanto a la dilación indebida señaló que el procedimiento ha sufrido una tardanza durante la instrucción que no es equilibrada con la complejidad de la instrucción.El Ministerio Fiscal considerada que en los ejercicios económicos de 2008 a 2011, ambos inclusive, se produjo una estafa continuada y agravada por la que pide que los acusados paguen 3,4 millones de euros.

La petición del Ministerio Fiscal responde a la denuncia presentada en 2012 por el Ministerio de Fomento contra la compañía aérea por fraude en las subvenciones a residentes canarios.La estafa de la que se le a Islas consistiría en cobrar al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que habrían correspondido por la bonificación de las tarifas aéreas a los pasajeros residentes canarios.En los vuelos interinsulares, los residentes tenían entonces un descuento del 50 % en el precio del billete y el Ministerio de Fomento abonaba la subvención directamente a las compañías aéreas por el procedimiento de liquidación.La Fiscalía sostiene que se manipuló la información remitida cada mes a la Dirección General de Aviación Civil a través de los ficheros de vuelos, "en los que hacían constar a sabiendas cantidades superiores a las realmente pagadas por los usuarios".El juicio continuará el miércoles próximo y tanto la acusación particular como la popular piden que abonen 7,4 millones de euros, mientras que el Ministerio Fiscal reclama 3,4 millones porque dice que ésta es la cantidad que corresponde por falsear los números que se ponían en los ficheros para cobrar más de lo que correspondía.Jezabel Criado indicó que solo considera delito el engaño a la administración con una cifra superior a la que pagaron los usuarios, y no acciones que no se puede saber cuánto pagó el viajero.Se refiere a cuestiones como liquidar al Ministerio de Fomento una tarifa completa cuando en realidad el pasajero había obtenido descuentos por programas de fidelización mediante puntos, y a sobre facturaciones que consistían en liquidar billetes de la tarifa más cara a pesar de que "que ni siquiera habían sido pagados por el pasajero, por tratarse de comisiones de servicio de empleados, billetes de cortesía o billetes para empleados y sus familiares".Las cantidades indebidamente percibidas por estos métodos, según los cálculos de la Fiscalía, fueron 64.449,19 euros en 2008, 98.575,33 en 2009, 428.014,86 en 2010 y 2.827.882,98 en 2011.Además de la responsabilidad penal, la fiscal pide por responsabilidad civil a los tres acusados y a la compañía una indemnización al Ministerio de Fomento por los más de 3,4 millones de euros indebidamente cobrados.Las defensas se adhieren a la petición de la fiscal y en caso de ser condenados a doce meses el padre y a seis las hijas, como no tienen antecedentes penales no irán a la cárcel pero tendrán que pagar la responsabilidad civil.Los abogados de Miguel Concepción y sus hijas piden que en lugar de prisión los acusados abonen una multa, algo que se reconocía en el Código Penal cuando se cometieron los supuestos delitos.