Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor lista de espera de solicitudes de dependencia y va en aumento. En 2023 un total de 2.300 personas murieron en el Archipiélago esperando a que el Gobierno autonómico reconociera su situación de dependencia. Según el informe del Diputado del Común, si hoy una persona presenta una solicitud de dependencia en las Islas, esta no se resolvería hasta 2026.
Atlántico Hoy habla con Concepción Ramírez, directora general de Dependencia del Gobierno de Canarias. La encargada del área destaca que el principal problema es la escasez de personal, una situación que "se viene arrastrando a lo largo de los años" y no puede solucionarse "a través de contratos programas o planes de choque". Sin embargo, apunta que "en los presupuestos de 2024 no hay ninguna incorporación en materia de capítulo uno" para esta Dirección, es decir, para ampliar los trabajadores.
[Pregunta] ¿Cómo es el estado actual de las listas de dependencia en Canarias
[Respuesta] La lista ha incrementado porque teníamos 480 minutas en el registro de entrada. Cada minuta puede tener entre 10 a 30 solicitudes. Todas estaban paralizadas en el registro. Al sacar esas minutas y poner el registro al día, son solicitudes que nosotros estamos presentando al IMSERSO. ¿Qué trae consigo? Que la lista se incrementa, pero lo que no se puede hacer es dejar las solicitudes de las personas en los registros de entrada frenada por no incrementar las listas. Entonces, tenemos que trabajar con los datos reales. Tenemos 2000 solicitudes más, 5000 solicitudes. El mes pasado de marzo, la comunidad autónoma que más alta dio en solicitudes fue la Comunidad Autónoma de Canarias. Mi propósito es trabajar con datos reales.
Un problema desde hace años
Cada persona que ha pasado por la Consejería y la Dirección General de Dependencia ha intentado llevar a cabo un nuevo modelo, pero la sensación al final es que la bola de nieve es tan grande que se los acaba comiendo. ¿Es un problema de la ley, de la burocracia…?
La ley de la dependencia comienza mal, con una escasez de personal importante. En esta comunidad autónoma, vienen entrando entre 1800 y 2000 solicitudes mensuales. Si el personal que tengo son 10 personas, pues tengo que repartir 2000 expedientes entre 10 personas. La rapidez depende del número de trabajadores. La escasez de personal es algo que se viene arrastrando a lo largo de los años.
¿Se arreglaría todo poniendo más personal?
No, porque habría también que simplificar el trámite administrativo del reconocimiento de la dependencia. Tenemos otras comunidades autónomas que lo están haciendo y funcionan, y las estamos tomando como referencia. Con el nuevo decreto se intenta llegar a un sistema monofásico y no bifásico. Con este modelo se reduce el trámite administrativo considerablemente.
Falta de personal
El comité de empresa ha denunciado que uno de los grandes problemas que afronta la dependencia en Canarias es la falta de personal. ¿Dispone la Dirección General de personal propio suficiente como para sacar adelante la lista de espera?
Esta Dirección General no tiene personal ni estructura suficiente para sacar la lista de espera que tenemos actualmente. Tenemos un contrato programa que sacó el anterior Gobierno, pero no es la solución. Un contrato programa es que a 31 de diciembre de 2024, casi el 70% de la plantilla de dependencia se va a la calle, porque ya llevan tres años, y nos quedamos sin ellos.
¿Qué necesita Dependencia para reducir la lista de espera?
Valoradores y trabajadores sociales. Y no a través de contratos programas o planes de choque, hay que dotar esta Dirección General con personal. Y es una cuestión que tenemos que tomarnos en serio y hacerlo, pues por más que se simplifique el decreto, hacen falta recursos humanos para ir a los domicilios. Con lo que tenemos no es suficiente, ahora ni nunca.
¿Y no se ha propuesto la ampliación de una relación de puestos de trabajo en su Dirección General a cargo de los presupuestos?
No sé responder. Esta Dirección General presentó en el mes de noviembre una RPT para poner personal estructural adaptándonos al límite que tenemos. Como directora general, no soy la que defiende los presupuestos ni decide si se incluye o no la RPT, o se le da prioridad a la Dirección General de Dependencia.
¿Se sabe si se ha incluido en los presupuestos esa posible ampliación?
No, en los presupuestos no está incluido. En los presupuestos de 2024 no hay ninguna incorporación en materia de capítulo uno para la Dirección General de Dependencia.
Pérdida del 70% de la plantilla
¿Qué va a ocurrir con el 70% del personal de la Dirección General que está trabajando a través de un contrato programa con el IMSERSO, el 31 de diciembre?
El personal se va al paro. La ley permite que ese contrato programa tenga una duración de tres años, prorrogable por uno más. Así se hizo y ya el 31 de diciembre se acaba.
¿Qué es lo que va a pasar con la Dirección General de Dependencia cuando esto ocurra?
Es una preocupación que también tengo. Hay otro contrato programa planteado, pero insisto, no es la solución. El personal requiere una formación y no se da en dos días. El personal que tenemos ahora, su contrato acaba en diciembre, pero se tienen que coger periodos de vacaciones, de asuntos propios, días de compensación… A lo mejor a finales de noviembre, la mayoría del personal ya no está. Y hay que informar a todo ese personal nuevo que viene. Por eso es que esta Dirección General debe de tener el personal antes de septiembre.
Y teniendo en cuenta que esos programas de contrato, como usted dice, son pan para hoy y hambre para mañana, ¿hay algún plan o proyecto dentro de la propia consejería para solucionar esa debilidad?
La consejera es conocedora de esta situación y se supone que va a tomar medidas. Entiendo yo que sí. Pero claro, no puedo responder a una pregunta que no depende de mí directamente. Como directora general he trasladado el problema que tenemos y que no podemos esperar al 31 de diciembre para que venga personal nuevo. La dependencia no puede funcionar a través de contratos programas. Aquí tiene que haber un personal estructural, porque el área lo requiere.
El nuevo decreto de Dependencia
Otro problema que se ha planteado es la externalización del servicio de citas a través del 012, ¿qué ocurre con esta situación? ¿Se debe a la falta de personal?
No. El 012 es una empresa del Gobierno de Canarias especializada en gestionar citas. No se ha producido ningún caos, pero todo cambio conlleva un periodo de adaptación. Las citas de dependencia tienen unas características peculiares y hay que hacer una serie de preguntas, y el personal del 012 tiene que acostumbrarse a este cambio. Con el servicio del 012 se amplía el horario de las gestión de llamadas, al ser de ocho de la mañana a ocho de la noche, en lugar de 9:00 a 14:00. Se hizo una reunión tanto con Las Palmas como con Tenerife y con la gestión de 012. Se ha establecido un protocolo, se han recogido todas las aportaciones que han hecho los trabajadores. Este servicio se puso en marcha en Gran Canaria el día 19 de febrero y en Tenerife el 26 de febrero. Solo lleva dos meses.
El nuevo decreto recoge reducir los plazos para dar respuesta a las solicitudes de dependencia en seis meses, si no se cumple este periodo, se da por “silencio administrativo”...
Si pasan seis meses, como diría el decreto y recoge también la ley, y la Dirección no ha respondido, existen jurídicamente dos tipos de silencios administrativos, el positivo y el negativo. El positivo la única opción que da es presentar un recurso de alzada ante la misma administración Aquí hay recursos así pendientes de respuesta desde 2017 por falta de recursos humanos. A la persona le queda esperar y esperar e incluso llega a fallecer, tristemente.
Cambio de sistema de evaluación
¿Qué pasa si el silencio es negativo?
La persona cuando pasan los seis meses tiene el derecho a ir a un juzgado y que el juez ordene que la Dirección resuelva la solicitud en el plazo de un mes, por ejemplo. Es un beneficio para la ciudadanía. Se dejan todos los expedientes y se tiene que responder a esa petición.
¿Y cómo se pretende conseguir que no se llegue a superar ese plazo de seis meses?
Con el sistema monofásico, donde en una visita se ajuste todo y no haya que ir dos veces al domicilio, porque ahora mismo entre la primera visita que se produce y la segunda transcurren entre 12 y 14 meses. ¿Por qué tiene que ir dos veces dos personas a un domicilio, si puede ir una persona y hacer los tres documentos necesarios de una sola vez?
¿Quién haría esa visita? ¿Un trabajador social o un médico? El decreto indica que se hará la valoración a través de un triaje médico, ¿no se perdería quizás el lado social?
La parte previa es un triaje que hace el equipo psicológico y médico. Si ese trabajo previo o el informe de salud no recoge indicios con certeza de que hay una dependencia, la solicitud no se acepta. Tenemos muchos casos así. Si se presenta dependencia, los perfiles que van a hacer el baremo al domicilio son profesionales sociosanitarios, como fisioterapeutas, enfermeros o trabajadores sociales.