La Comisión Europea ha insistido en que "no tiene pruebas de irregularidades o fraude" hasta ahora en el proyecto comunitario GAR-SI para el Sahel, liderado por uno de los imputados en el caso Mediador, el general Francisco Espinosa, y que, como siempre, "está estudiando cualquier riesgo potencial o vínculo" de este caso con operaciones acogidas a financiación europea.
La Comisión "no tiene pruebas de irregularidades o fraude en los procedimientos de adjudicación y contratación para el suministro de drones en Níger, Mauritania y Mali", ha señalado la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, en respuesta a una pregunta parlamentaria planteada por el popular Esteban González Pons.
"Al ejecutar los contratos se redactaron informes de control de gastos del proyecto GAR-SI SAHEL (Groupes d'Action Rapide - Surveillance et Intervention au Sahel) que no revelaron la existencia de irregularidades o fraude", señala la respuesta.
Descartan irregularidades
La comisaria añade que, como siempre que la Comisión conoce asuntos sospechosos de cualquier actividad ilegal que afecte al presupuesto de la UE, "adopta todas las medidas que considera oportunas de conformidad con el marco jurídico aplicable e informa de ello a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, en su caso, a la Fiscalía Europea".
Ya el pasado 4 de marzo, una portavoz comunitaria había señalado que auditorías independientes ya habían descartado irregularidades por ejemplo, respecto a la entrega del equipamiento, en este proyecto liderado por Espinosa. Cabe recordar que el general está imputado por cohecho, falsificación de documentos, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el "caso Mediador".
Proyecto de ayuda
Se trata de un proyecto de la Comisión Europea administrado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), para ayudar a Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en su territorio con la creación de equipos inspirados en los grupos de acción rápida (GAR) de la Guardia Civil.
Desde hace meses, esa parte de la causa se desgajó del resto de investigaciones que dirige el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife y se ocupa de ella la Fiscalía Europea, ya que podría afectar a fondos comunitarios.