La Asamblea General del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife (COP de de Santa Cruz de Tenerife) bloqueó la gestión de la Junta de Gobierno del Colegio el pasado lunes 5 de junio después de que la Junta General anual no aprobara las cuentas del ejercicio 2022, ni el presupuesto para el año 2023 por falta de claridad.
Una incómoda situación para los propios profesionales que es la prolongación de una demanda que se dirime en el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, desde el pasado 15 de octubre, como consecuencia de la interrupción del proceso electoral iniciado el 21 de junio de 2022.
Tal proceso concluyó sin elecciones porque la candidatura alternativa no fue validada por Junta de Gobierno, encabezada por la decana desde 2018, Carmen Linares. Según explicó esa candidatura alternativa, liderada por Ismael Pérez, a través de un comunicado, “la decisión en contra del legítimo principio democrático más elemental se adoptó en una reunión, el 28 de agosto pasado, en la que la decana acabó autoproclamándose por un periodo de cuatro años, tras no invitar a la vicedecana, ni admitir su voto delegado, y tampoco admitir el voto del vicesecretario”.
Un momento "desagradable"
Atlántico Hoy ha podido consultar al propio Pérez para conocer el contexto “desagradable” que vive el COP de Santa Cruz de Tenerife en el momento de mayor reconocimiento institucional, mayor reconocimiento político, social e, incluso, cultural de la salud mental. “Que tengamos un problema de gestión en el colegio que regula la actividad gremial de todos los profesionales de la psicología de la provincia es lo más duro. No es nada agradable, pero ha venido así y ya no te puedes callar”, expresa dolido.
“La situación es bastante grave”, sintetiza. “Ya no es que la Junta esté pendiente de ser validada por una decisión judicial o por una resolución judicial, sino que ahora administrativamente no puede tomar ninguna decisión que vaya más allá de los compromisos contraídos que permita abrir el colegio, la luz, la electricidad, el teléfono móvil, el agua y el pago del personal administrativo; dos personas”, agrega.
Silencio por respeto
El cuidado de la salud mental se ha convertido en uno de los elementos de concienciación social más importante de la última década, con el necesario trabajo de los profesionales de la psicología detrás de cada una de las personas que lo necesitaban.
Es por ello, y por el respeto a la profesión, que los colegiados del COP de la provincia occidental habían guardado silencio, pero ya no podían mantener más tiempo el mutismo una vez la Asamblea demostró la total pérdida de apoyo de la Junta de Gobierno por parte de los profesionales.
Bloqueo
El bloqueo de las cuentas por parte de la Asamblea, a junio de 2023, implica la no aprobación de un presupuesto por encima de medio millón de euros y ejecutado al 50%. Es decir, es un presupuesto que se está ejecutando desde el día 1 de enero y que no se había sometido al refrendo de la Asamblea hasta el 5 de junio y, ahora, esta no la aprueba.
“Entre otras cosas, la Junta General fue tarde, imagino, como consecuencia del contencioso administrativo. Tenía que haberse convocado no mucho más tarde de la primera quincena de enero y se ha convocado el día 5 de junio, con lo que ya se ha ejecutado cerca de 50% sin el visto bueno de la Asamblea. Y aquí no tiene competencias posibles solo la decana, sino que las demás personas de la Junta de Gobierno también son repsonsables”, expone Pérez.
Con lo cual, después de haberse ejecutado ese 50%, el colegio ha quedado paralizado, y afecta tanto a los proyectos que se podían iniciar a partir de ahora, como los otros que se estaban iniciando o se estaban ejecutando. “Es una situación bastante complicada”, insiste.
Todo en el aire
Bloqueado el colegio por parte de la Asamblea, queda abierto, de modo testimonial, para hacer frente a las obligaciones exigibles. “Lo normal es que se prorrogue el presupuesto de 2022 para hacer frente a los gastos de apertura del colegio”, explica Pérez. “Estamos pendientes de que se nos remita el acta de la Junta de General de la Asamblea del 5 de junio y lo normal es que antes de que un juez dictamine la legalidad o legitimidad de la junta que se autoproclamó el día 14 de octubre, que impidió el normal proceso democrático de las elecciones, tengan que irse de ahí”, añadió antes de afirmar que “la respuesta a qué es lo que tiene que pasar ahora la tiene que adoptar la junta autoproclamada”.
Sin respuesta de la Junta de Gobierno
Atlántico Hoy se ha intentado poner en contacto en numerosas ocasiones en los últimos días con la decana, Carmen Linares, para conocer su versión de lo ocurrido en la Asamblea y en el resto del proceso, pero no ha recibido respuesta.
El Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y su Decana, Dª Carmen Mª Linares Albertos, solicitan la rectificación de la noticia: Los servicios del Colegio no se ven afectados por la falta de aprobación del presupuesto ni por la reclamación judicial por invalidación de candidatura. La información de la noticia no ha sido dada por la Decana del Colegio.
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