El incidente en el que Carmelo Batista, magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, expulsó el pasado 10 de abril al letrado Tomás Valdivielso de un juicio por un litigio laboral podría llegar al Consejo General del Poder Judicial.
En un comunicado al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas desgrana algunos de los artículos del Estatuto General de la Abogacía 2021 para defender la dignidad de sus miembros.
Independencia y dignidad
Dicho estatuto establece en su artículo 58, en el que se guarda la protección de la libertad e independencia del profesional de la Abogacía, señala en su apartado 2 que “si el profesional de la Abogacía considerase que la autoridad, juez o tribunal coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales, o que no guarda la consideración debida a su función, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno. La Junta, si estimare fundada la queja, adoptará medidas activas para amparar la libertad, independencia y dignidad profesionales”, reza el escrito.
En su punto 3, detalla el comunicado, se explica que “los Colegios notificarán los amparos concedidos a las autoridades, jueces o tribunales que hayan coartado la libertad o independencia de los profesionales de la Abogacía y denunciarán dichas conductas, cuando proceda, ante el Consejo General del Poder Judicial y las instituciones pertinentes.”
Respeto recíproco
Los abogados de Las Palmas también apelan al código deontológico que exige “guardar respeto a todos cuantos intervienen en la Administración de Justicia exigiendo a la vez el mismo y recíproco comportamiento”.
Además, relatan que en los estatutos vigentes se indica en su artículo 45, denominado violación de derechos profesionales, que: “si el abogado actuante considerase que la autoridad, tribunal o juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para cumplir sus deberes profesionales o que no se le guardase la consideración debida al prestigio de su profesión, podrá hacerlos constar así ante el propio juzgado o tribunal y dar cuenta a la Junta de Gobierno del Colegio. La Junta, si estimara fundada la queja, adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad y la independencia y prestigio profesional.”
Los letrados de Las Palmas explican que entre los deberes y obligaciones de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, están la defensa y amparo de las letradas y letrados que abogan en la Administración de Justicia.
Podría llegar al CGPJ
Además advierten que están en su derecho de denunciar los hechos considerados como infractores del debido respeto a la o el letrado, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a las instituciones pertinentes.
“También se ha manifestado públicamente, en diversos medios y redes sociales, que desde nuestra Institución colegial se ha difundido el vídeo de la vista en la que se produjeron los hechos denunciados, que ha trascendido por su gran circulación entre las profesiones jurídicas, lo cual es absolutamente incierto y por cuanto ello supone de un inmerecido descrédito, se ejercitará las acciones legales pertinentes para su definitiva aclaración”, concluyen.