El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este miércoles que la Fiscalía debería ser "igual de exigente" con el Estado en la filiación de los menores migrantes que llegan a las islas, como lo es con el Gobierno autonómico en sus responsabilidades de acogida.
Estas declaraciones surgen tras la petición de la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, quien solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suspenda el protocolo regional de acogida de menores llegados en patera.
Respuesta ante la suspensión del protocolo
Clavijo ha subrayado que "durante meses la Fiscalía ha permitido que los menores fuesen entregados sin las debidas garantías". Según el presidente, la exigencia en la protección de los menores debe ser igual en todas las fases del proceso, y no solo en la acogida.
A su juicio, es fundamental que se cuente con la documentación necesaria, como las reseñas y las fotografías de los menores, para garantizar su protección legal.
Protección de los menores y seguridad jurídica
El protocolo implementado por el Gobierno de Canarias, según ha defendido Clavijo, tiene como objetivo "proteger al menor" y "garantizar su seguridad jurídica" en situaciones de emergencia migratoria.
El presidente ha remarcado que días como hoy, en los que han llegado seis pateras a Lanzarote, ponen de manifiesto la necesidad de una colaboración entre todas las instituciones para gestionar mejor la crisis.
Crítica a la falta de colaboración del Estado
En su intervención, Clavijo ha insistido en que la solución requiere que todos los actores "colaboren" para una gestión adecuada de la crisis migratoria.
En este sentido, ha instado a la Fiscalía a no ejercer presión únicamente sobre el Gobierno regional: "Si queremos sobrecargar y presionar solo a una de las tres patas de la mesa, la mesa se rompe y se cae, y los niños y las niñas sufren las consecuencias".
Colaboración integral para una solución justa
Clavijo ha expresado su deseo de que el Estado actúe con más "diligencia" en todas las fases del procedimiento, para que no solo se enfoquen los esfuerzos en la última etapa, que es la acogida. El presidente considera que esta falta de colaboración por parte del Estado puede tener un impacto negativo en el objetivo común de alcanzar un "acuerdo razonable" para la protección de los menores migrantes que llegan a Canarias.
El debate sobre la gestión de los menores migrantes no acompañados sigue generando tensiones entre el Gobierno autonómico y las autoridades estatales, en un momento en el que las Islas Canarias enfrentan una creciente presión migratoria.