Hace nueve años que Miguel Ángel Ramírez, empresario y presidente del único equipo canario en Primera División, la UD Las Palmas, fue denunciado por un presunto delito contra la Seguridad Social. Este martes, 4 de julio, se inicia en la Sección Primera de la Audiencia Provincial el juicio que puede marcar un antes y un después en la vida de una persona que no deja a nadie indiferente.
Atlántico Hoy explica cuáles son las claves que han llevado a Ramírez, que llegó a ser conocido como ‘el rey de la seguridad’ a sentarse, de nuevo, en el banquillo de los acusados. Eso sí, el empresario ya ha advertido ante los medios de comunicación que el juicio va a servir para demostrar su inocencia.
Presunta explotación de sus trabajadores
La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y la Unión Sindical Obrera (USO) acusan a Ramírez y a Héctor de Armas de recurrir de forma sistemática a una serie de “ficciones” en el pago de las nóminas a sus empleados que se articularon con excusa de superar la crisis económica de 2008. De Armas sustituyó al empresario en el cargo de administrador único en 2011. Sin embargo, Ramírez con el 91,4% de las acciones de la empresa, presuntamente la seguía gestionando.
Las acusaciones del caso insisten en que esas maniobras de Seguridad Integral Canaria (SIC) buscaban eludir los pagos para multiplicar sus beneficios, aunque ello fuera a costa de mantener la situación de precariedad de muchos de sus trabajadores.
La denuncia
Un trabajador denunció en 2014, que fue despedido de Seguridad Integral Canaria por indicar que la empresa realizaba "fraude y exacciones ilegales al abonar las horas extras y otros conceptos como dietas para defraudar a la hacienda pública y a la seguridad social".
Este empleado trabajaba como vigilante de seguridad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en un momento en que la SIC vivía su momento más dulce: gestionaba contratos públicos en los ministerios de Fomento, Defensa, Economía, Hacienda, Empleo, el Gobierno de Canarias, Metro de Madrid, Parques Nacionales o la Dirección General de Tráfico.
Los delitos
El Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, asegura que Miguel Ángel Ramírez cometió cinco delitos contra la Hacienda Pública y tres contra la Seguridad Social.
La Fiscalía acusa a Héctor de Armas de haber cometido tres delitos contra la Hacienda Pública y dos contra la Seguridad Social.
Cómo lo hicieron
Estima que Ramírez conseguía a base de ilegalidades una mejora de SIC en su posición competitiva frente a otras empresas del mismo sector, a base de reducir de una forma desleal los costes de producción, lo que le favorecía ante la competencia.
Algunas de esas maniobras consistían en camuflar las horas extras que hacían sus vigilantes y abonarlas como si fueran dietas. Con las dietas no tenía que retener cantidades a sus empleados de cara al IRPF y se ahorraba cotizar por esos pagos a la Seguridad Social. Por esa vía, la Fiscalía sospecha que Ramírez eludió el pago de 6,60 millones de euros a Hacienda y de otros 11,45 millones a la Seguridad Social. El resto de cantidades presuntamente defraudades vendrían de los acuerdos de empresa que Seguridad Integral aplicaba a su plantilla.
Solicitud de penas para Ramírez
El Ministerio Fiscal solicita en su escrito de acusación una condena de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de multa que se dividen de la siguiente manera:
Dos años de prisión y multa de 3.195.817,92 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2009.
Dos años de prisión y multa de 3.114.573,84 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2010.
Dos años de prisión y multa de 2.833.794,14 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2011.
Dos años de prisión y multa de 2.963.127 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2012.
Dos años de prisión y multa de 3.130.519,17 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2013.
Cuatro años de prisión y multa de 37.706.361,75 (triple de la cuota correspondiente al período 2009-2012 que suma la cantidad de 12.568.787,28 euros) euros por el primer delito continuado contra la Seguridad Social correspondiente a los años 2009-2012.
Cuatro años de prisión y multa de 44.236.401,18 euros (triple de la cuota correspondiente al período 2013-2016 que suma la cantidad de 14.745.467,06 euros) por el segundo delito continuado contra la Seguridad Social correspondiente a los años 2013-2016.
Tres años y seis meses de prisión y multa de 8.264.170,02 euros (triple de la cuota correspondiente al año 2017 que suma la cantidad de 2.754.723,4 euros ) por el delito contra la Seguridad Social correspondiente al año 2017.
Solicitud de penas para de Armas
La Fiscalía solicita para Héctor de Armas la pena total de 14 años de cárcel y 79,32 millones de multa que se dividen de la siguiente manera:
Dos años de prisión y multa de 2.833.794,14 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2011.
Dos años de prisión y multa de 2.963.127 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2012.
Dos años de prisión y multa de 3.130.519,17 euros por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al año 2013.
Cuatro años de prisión y multa de 38.745.672,66 euros (triple de la cuota correspondiente al período 2011-2014 que suma la cantidad de 12.915.224,22 euros) por el primer delito continuado contra la Seguridad Social correspondiente a los años 2011-2014.
Cuatro años de prisión y multa de 31.666.211,43 euros (triple de la cuota correspondiente al período 2015-2017 que suma la cantidad de 10.555.403,81 euros) por el segundo delito continuado contra la Seguridad Social correspondiente a los años 2015-2017.