Los 80 centros que tiene Canarias para acoger a los menores migrantes que llegan solos a las costas del Archipiélago —gestionados por ONG y fundaciones— cuestan 12,5 millones de euros cada mes. Las cifras quedan reflejadas en un informe elaborado por la empresa 22 Grados para analizar con datos objetivos la crisis migratoria que padecen las Islas. Una situación que el documento califica como “crítica” que preocupa tanto en España como en Europa por las dimensiones que supone en cuanto a presión y recursos una comunidad autónoma que ha experimentado un aumento del 87% en las llegadas.
En lo que va de año han llegado a Canarias 27.210 personas que huyen de situaciones complicadas desde el punto de vista bélico o económico. Lo llamativo es que el 20% del total son menores de edad no acompañados. Sin ir más lejos, hay más de 5.700 alojados en los recursos puestos por Canarias, lo que “genera tensiones entre las administraciones locales y el gobierno central que requieren de una solución urgente a nivel nacional no solo basada en la asignación de recursos económicos”.
Ley de Extranjería
El texto pone sobre la mesa uno de los puntos calientes de los últimos meses: la reforma de la Ley de Extranjería —pactada entre el Ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez; y el canario, encabezado por Fernando Clavijo— que no pudo llevarse por la negativa tanto del Partido Popular (PP) como de Junts en el Congreso de los Diputados cuando se sometió a votación. Eso sí, hace dos semanas, el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, viajó al Archipiélago para pactar un plan —que no ha gustado a determinados sectores— con el Gobierno de las Islas que incluía la declaración de emergencia migratoria para que las comunidades autónomas puedan contratar recursos de urgencia.
El documento incide en que, a pesar de las conversaciones que ha habido además con la Unión Europea (UE), “no se han implementado soluciones estructurales duraderas”. Una de las consecuencias es que cuando empezó la legislatura, en julio de 2023, había 39 centros para acoger a los menores y ahora la cifra se ha duplicado. “Si nos situamos en 2004, 20 años atrás, el número total de personas que no habían cumplido la mayoría de edad llegadas por vía marítima a las Islas no superó los 200”, expone. “Solo dos años más tarde, en la “Crisis de los cayucos”, se vivió el momento más preocupante hasta esa fecha y la cifra tampoco superó los 1.000”, añade.
Aumento de llegadas
22 Grados indica que los menores es el principal asunto que preocupa al Archipiélago. “Aunque la llegada de personas adultas también ha aumentado considerablemente, salvo los casos en los que se admite a trámite la solicitud de protección internacional (sobre todo ciudadanos de Mali y Senegal) el resto de inmigrantes llegados por la vía irregular son devueltos a sus países de origen con cierta frecuencia y normalidad”, señala.
“Ahora bien, el caso de los menores extranjeros no acompañados es distinto porque las comunidades tienen la competencia de guarda y tutela de los menores en desamparo y Canarias se encuentra con serias dificultades para hacer frente a la situación actual con una Ley pensada para menores en desamparo y que no tiene en cuenta situaciones sobrevenidas como este aumento de la presión migratoria”, continúa.
Pocos recursos
El informe, en una de sus 54 páginas, recuerda la ya conocida por todos Ley de Extranjería para indicar que su artículo 2 bis 3) recoge que “el Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia”. “Las infraestructuras y los recursos no son ni los óptimos ni los suficientes para su atención y se han recibido reiteradas denuncias”, resalta el texto.
Una de las mayores polémicas vividas es la habilitación de carpas temporales en Lanzarote para alojar a los niños y adolescentes. El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, indicó el pasado 1 de agosto que fue una solución inevitable porque “no está siendo fácil” poner a disposición recursos alojativos al no encontrar centros disponibles y tampoco personal adecuado para atender a los niños y niñas migrantes que llegan en las embarcaciones. El objetivo es evitar el hacinamiento en los centros ya existentes.
Conferencia Sectorial
Sobre la Ley de Extranjería, el documento establece que no está planteada teniendo en cuenta las particularidades territoriales y el fenómeno migratorio. “La actual normativa hace muy compleja la posibilidad de que la tutela de los menores pueda ser asumida por otras comunidades y se acude a acuerdos voluntarios como el más reciente de la Conferencia Sectorial del pasado 11 de julio en el que se acordó asumir la tutela de 400 menores por el resto del territorio del Estado”, apunta.
Por dar un poco de contexto, en mayo se produjo la reforma del Pacto sobre Migración y Asilo, con el objetivo de equilibrar la responsabilidad entre los países de la UE, ayudar a los países fronterizos que reciben mayor presión migratoria mediante un reparto equitativo entre los diferentes Estados miembros, mejorar el marco jurídico y la eficiencia en el registro y control de los migrantes. Cooperar con los países de origen para abordar las causas del fenómeno también estaba sobre la palestra.
Nuevos controles
“A pesar de ello, estas medidas no se han traducido en unas política públicas migratorias europeas consistentes y son muchos los países, sobre todo del sur europeo, que critican que se aumenta la presión sobre los estados fronterizos —como España— por cargarlos con nuevas responsabilidades derivadas de la aplicación de los nuevos procedimientos de controles previos, asilo y retorno en frontera”, explica 22 Grados.
Denuncia que todo esto ha llevado a España, y en particular a Canarias, a depender en gran medida de sus propios esfuerzos, incrementando su capacidad de acogida y creando más centros de recepción, así como una mayor asignación económica o el refuerzo de los acuerdos de cooperación con países de origen. Es una realidad que termina siempre en el mismo punto: los menores extranjeros son la mayor preocupación porque en las Islas está el 70% de todo el país. Así como “la incapacidad del sistema para proporcionarles una atención óptima, lo que está generando un incremento del tono en las relaciones” entre los ejecutivos nacional y regional.
Reuniones
Algunos ejemplos de los próximos encuentros políticos para abordar el asunto son la reunión que mantendrán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado; así como una bilateral de presidentes entre Sánchez y Clavijo. El canario “llegará a esta cita con una posición cómoda para asegurar compromisos importantes para el Archipiélago, desde una mejor financiación singular, hasta un nuevo enfoque en la inmigración irregular que afecta a las islas”, reza el texto.
El asunto de los menores no acompañados tiene otro aspecto curioso. Su aumento ha sido significativo porque en la actualidad suponen el 20% de las llegadas, pero en 2020 eran el 10% y, en el caso de 2006 —coincidiendo con la crisis de los cayucos—, el 5%. El documento indica que el flujo migratorio de entrada en Canarias ha experimentado un importante aumento durante esta última década debido a múltiples factores como las diferentes crisis humanitarias en África o la ola de inestabilidad política y social que arrasa el continente africano. No es para menos, ha vivido 10 golpes de Estado en siete países en los últimos años.