Comisiones Obreras ha lamentado este lunes el daño que ocasionan a la imagen de los centros de atención a menores los casos de presunta corrupción y ha recordado que venía denunciando desde hace tiempo la falta de supervisión en la contratación de este servicio básico con entidades externas.
El comité de empresa de los centros de menores de Lanzarote y la sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) en la Fundación SAMU han mostrado este lunes su malestar por las informaciones en las que se pone de relieve la supuesta mala gestión que se ha venido realizando en algunos de estos centros. "Este tipo de incidencias en nada favorecen la labor que muchos profesionales realizan incansablemente para atender a los menores acogidos en el sistema de protección", según el sindicato.
Administraciones públicas
FSC-CCOO recuerda que, durante los últimos años, ha venido defendiendo la conveniencia de que un servicio básico como el de la atención a los menores sea gestionado directamente por las administraciones públicas, máximas responsables de los menores en acogida y garantes de preservar el sistema de bienestar social.
En Canarias existen actualmente centros de menores gestionados directamente por los cabildos y otros cuya gestión está externalizada, dos modelos que conviven incluso en la misma isla, como es el caso de Gran Canaria, remarca CCOO.
Bajo presupuesto y desigualdad
"Este hecho está generando una brecha presupuestaria importante, lo que contribuye a aumentar la desigualdad entre los menores acogidos, así como entre los trabajadores que prestan los mismos servicios". Además, esta situación, señala el sindicato, "obedece a una política de mínima atención por parte de los responsables políticos en el Gobierno de Canarias y en los cabildos, algo que se viene sucediendo desde hace varias legislaturas".
Este abandono comienza por los pliegos de las licitaciones de los servicios, "en los que no se refleja la realidad Canarias y en los que las islas no capitalinas salen particularmente mal paradas", según CCOO. Para el sindicato, es vital que estos pliegos de licitación establezcan prácticas y criterios claros en la prestación del servicio, así como controles sobre la gestión económica, laboral y sobre el respeto de los derechos básicos de los menores acogidos.
Asimismo, es imprescindible una política de supervisión y seguimiento de la gestión externalizada de los centros de menores, una inspección que debe tener carácter público y obedecer a criterios de transparencia en aras de evitar irregularidades y generar confianza en el sistema de bienestar social, añade el sindicato.