El informe de la Fiscalía sobre el año judicial de 2023 en Canarias ha recogido un dato alarmante para la libertad sexual. Canarias registró “una clara tendencia al alza” de agresiones sexuales, especialmente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife donde el número de diligencias aumentó hasta un 94%, aunque en Las Palmas también se registró un aumento del 16,23%.
Pese a la cifra porcentual, en Las Palmas se iniciaron hasta 680 procedimientos por motivo de agresiones sexuales, frente a los 485 de la provincia occidental. Estas cifras reflejan que cada día se iniciaron tres procedimientos a causa de agresiones sexuales en las islas. Hay que señalar que la fiscal general de Canarias, María Farnés, ha señalado que no existe una correlación en el aumento de estos delitos con la inmigración irregular, para evitar posibles discursos de odio tras ser preguntada por los grupos durante la presentación del informe en el Parlamento de Canarias.
La violencia de género
El número de diligencias previas en materia de violencia de género volvieron a ascender en 2023 tras el descenso registrado un año antes y alcanzaron las 3.640 en Las Palmas y las 2.671 en Santa Cruz de Tenerife. En esencia, respecto a los delitos contra la libertad sexual se incoaron 2.208 diligencias previas, cantidad superior a las 1.930 del año 2022, lo que supone un aumento del 14,04%.
Estos no son los únicos datos que aborda el informe. Hace todo un recorrido por las denuncias relacionadas con la violencia de género y destaca que han constatado “de manera relevante” un incremento en el número de procedimientos penales incoados, pero también en el registro de diligencias previas, de diligencias urgentes y juicios rápidos respecto al año anterior.
Víctimas sometidas
“Se observa una línea ascendente en los delitos por quebrantamiento de condena o medidas cautelares, en muchos casos con situaciones de reanudación de la convivencia pese a las prohibiciones existentes por sentencia o auto, que parecen reflejar un escaso efecto de prevención especial en los investigados y en el lado de las víctimas una actitud de sometimiento”, recoge el documento.
El informe a su vez destaca que han aumentado los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, que se traduce en un “porcentaje importante de los delitos de amenazas, coacciones, acoso, vejaciones e incluso los quebrantamientos tienen un componente vinculado al uso de dispositivos móviles, redes sociales, sistemas de mensajería instantánea o grabación con archivos audiovisuales”. Al respecto de estos delitos llaman la atención al respecto de que quienes lo cometen “cada vez son más jóvenes”.
Sin informes psicosociales
Otro problema que ya se denunció en el informe de 2022 y que no se solucionó en 2023 es el largo tiempo que se tarda en tener los dictámenes psicosociales que sirven de orientación y pauta para fijar regímenes de visitas para las familias separadas.
Además insisten en que hay un “déficit casi estructural” en la falta de médicos forenses adecuados para elaborar informes sobre maltrato habitual, de hecho se ha tenido que externalizar este trabajo, que estos informes son fundamentales para “completar un escrito de calificación por maltrato psicológico o lesiones psíquicas”. Por ello exponen la necesidad de dotar al Instituto de Medicina Legal de los profesionales necesarios para elaborar estos informes “cuyas demoras afectan a las víctimas y a la tramitación de los procedimientos en un plazo razonable con incidencia en el derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas”.