La magistrada que investiga el caso Mediador desde Santa Cruz de Tenerife María de Los Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha puesto la lupa en la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (Fiiapp), según adelanta este martes el periódico La Provincia. Esta fundación pública, que está presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño (en el momento de los hechos era Carmen Calvo la titular), dos ministros y hasta 14 secretarios de Estado como vocales, cerró cuatro contratos por valor de 2,3 millones para dotar de material a las misiones de formación que dirigía el general de división Espinosa en África.
El diario explica en un extenso artículo que se trata del proyecto de Grupos de Acción Rápida de Vigilancia y de Intervención en el Sahel (Gar-si Sahel) comandados por Espinosa, cuyos vínculos con la organización delictiva investiga ahora la juez al reclamar esos cuatro contratos a la fundación, así como todo lo relacionado con las gestiones realizadas para adjudicarlos, desde quienes participaron en las mesas de contratación, hasta los funcionarios y los intervinientes en el proceso administrativo, según recoge el auto dictado el pasado 13 de febrero. Según La Provincia, la magistrada quiere que se remita a Asuntos Internos de la Guardia Civil un listado con los números telefónicos de las personas que participaron en esos expedientes.
Contratos de 2020 y 2021
Los contratos que ahora reclama la magistrada, continúa relatando el artículo, fueron adjudicados entre enero de 2020 y agosto de 2021 por la fundación española de cooperación internacional a la empresa Asesoramiento y Servicio de Drones SL, que es propiedad del empresario valenciano José Santiago Suárez, también investigado en la causa junto al general Espinosa y otras diez personas, entre ellas Antonio Tacoronte, natural de Gáldar y verdadero conseguidor de las mordidas, pues era quien hacía de mediador entre los empresarios y el general o los políticos para lograr las comisiones, que iban desde sobres con dinero en metálico hasta ingresos en tarjetas prepago que no dejan rastro.
Los otros dos cargos públicos investigados son el diputado Juan Bernardo Fuentes y su sobrino Taishet Fuentes, ambos exdirectores generales de Ganadería del Gobierno de Canarias. A todos se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsificación, blanqueo de capital y pertenencia a organización criminal por extorsionar a ganaderos y queserías isleñas o empresas que querían instalarse en la Zona Especial Canaria (ZEC), concluye La Provincia.