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Sociedad

La Policía vuelca la información del teléfono de Samuel Machín, testigo del 'caso Mascarillas'

La información que contenga el teléfono de Samuel Machín pasará ahora directamente al Juzgado de Instrucción Nª7 de Las Palmas de Gran Canaria

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Samuel Machín, saludando a un periodista en la entrada de los juzgados. / Atlántico Hoy

Este martes por la mañana se ha procedido al volcado de la información del teléfono del testigo del caso Mascarillas, Samuel Machín. El móvil fue entregado en fechas pasadas por Machín y permanecía precintado y custodiado por los miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

Durante el volcado del mismo se encontraban presentes miembros de dicha unidad de la Policía Nacional; el abogado que representa a Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud (SCS) y que se encuentra investigado por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias; un letrado de la administración de Justicia; y el propio Machín. La información que contenga el teléfono pasará ahora directamente al Juzgado de Instrucción Nª7 de Las Palmas de Gran Canaria.

Falta Rayco por declarar

Machín intermedió en la compra por parte del SCS de un millón de mascarillas por cuatro millones de euros que son los hechos que se están investigando. Samuel Machín es un conocido entrenador personal muy relacionado con el mundo de la nutrición. Presuntamente habría llegado a un acuerdo comercial con RR7 para cobrar una cantidad económica por su intermediación para conseguir traer las mascarillas a Canarias. “Primero me ofrecieron 50.000 euros, después otros 50.000, pero solo cobré 6.000 por más de un año de trabajo”, declaró a Atlántico Hoy el entrenador.

En los próximos días se espera la declaración de Rayco Rubén Gonzalez, administrador único de RR7 United, empresa que cobró los 4 millones de euros por el millón de mascarillas que nunca entregó. Según afirmó su abogado, Rachid Mohamed, se prepara para dar todos los datos de los que dispone al juez Javier García García-Sotoca y al fiscal Javier Ródenas. El fiscal pidió el pasado viernes la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y su comparecencia en los juzgados una vez al mes. Lo hizo durante una vista que duró apenas unos minutos y en la que podría haber pasado de todo, incluso que el investigado terminara ingresando en prisión.

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