El 'caso Jable' se ha reanudado este miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Una cita en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria en la que exdirectivos de Urbaser tanto en Madrid como en la filial de Lanzarote y el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife han reconocido que se abonaron sobornos a miembros del Consistorio a cambio de que Tecmed obtuviera el contrato de recogida de basuras en 2002.
Manuel Andrés Martínez, el ejecutivo que llegó a ser número 2 de Urbaser, ha aceptado ante el tribunal que autorizó diversos pagos en metálico y en joyas, relojes de lujo y viajes para miembros del Consistorio de Arrecife, incluida su alcaldesa, y para Dimas Martín, líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), la fuerza política que gobernaba en la capital de la isla en ese momento.
"Se nos fue de las manos"
Lo ha admitido a preguntas del fiscal anticorrupción, Javier Ródenas. "Se nos fue la mano, desgraciadamente, por la confianza que había con el señor Álvarez y la intención primera de mantener el contrato, pues se nos fue la mano", señaló. El pasado 19 de mayo, Urbaser anunció que despedía tanto a Martínez como a otro de sus directivos procesados en el caso, Santiago Alonso, tras confirmarse que ambos habían enviado un escrito de la Fiscalía en el que se confesaban autores de un delito de cohecho en este caso, en la línea con lo que han declarado este miércoles.
Antes de Martínez se dirigiera al tribunal, el gerente de la empresa en Lanzarote en el momento de los hechos, Jacinto Álvarez, ha reiterado lo que ya declaró en instrucción, dando por válidas las anotaciones del día a día de la empresa que apuntaba en unas agendas, y en las que escribía de los pagos realizados y los pasos que se dieron para lograr obtener el contrato público.
"Yo no he pagado nada"
"Yo no he pagado nada. Hablando vulgarmente, he hecho de camello. A mí me daban el dinero para Fulano, Mengano o Zutano", ha asegurado en un complicado interrogatorio en el que la magistrada presidenta, Oscarina Naranjo, le ha llamado la atención en varios momentos por no limitarse a responder a las preguntas de las partes.
Álvarez también ha asegurado que Tecmed, posteriormente Urbaser, le ha cogido "como chivo expiatorio" y ha negado que tuviera los "poderes" para autorizar esa serie de pagos que se le imputan.
El presunto amaño
Uno de los supuestos beneficiarios de los pagos que realizó la empresa fue el jefe de la oficina técnica del Ayuntamiento, Juan Rafael Arrocha, quien ha detallado ante el tribunal en qué consistió el amaño del contrato y cómo se fraguó.
"Se me trasladan todos los expedientes de las proposiciones y se me dice que a la alcaldesa le interesaba que se supiese cuanto antes a efectos de arreglarlo con la empresa Tecmed", ha explicado para luego reconocer que fue quien modificó los documentos para favorecer los intereses de esta mercantil.
Continuará el viernes
Ha apuntado que Tecmed "no podría haber sido la adjudicataria del contrato público" porque su propuesta quedó como segunda opción y que, por ello, se cambiaron las mejoras económicas ofrecidas por la propuesta con el fin de que resultara más ventajosa para los intereses de la vinculación.
Además de las dádivas de Tecmed, el fiscal Ródenas también pone el foco en su acusación en el pago de un viaje a la ciudad marroquí de Marrakech para Déniz y su familia que fue costeado por la empresa FCC Construcción, presuntamente en respuesta a obtener el contrato de obra para construir un pabellón deportivo en Argana Alta. El juicio continuará el viernes con las declaraciones de la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, y del que fuera secretario municipal del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero.
Dimas Martín, que acumula ya varias condenas por corrupción, ha reconocido este miércoles ante el tribunal que recibió 72.000 euros, pero no pudo dar detalles porque "han pasado tantos años y me han ocurrido tantas cosas, que no puedo recordar". "Todo lo que tenía que decir con arreglo a este caso ya lo he dicho", ha concluido el exlíder del PIL, que ha declarado desde la cárcel de Tahíche.