La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha suspendido este lunes el juicio del conocido como 'caso Jable' a petición del abogado de la defensa de la exalcadesa de Arrecife, María Isabel Déniz. La acusada ha sido sometida recientemente a una operación quirúrgica que le ha impedido acudir a la vista convocada para esta jornada en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. Su estado será valorado por un médico forense para decidir sobre si está en disposición de comparecer a las sesiones.
El fiscal Javier Ródenas ha retirado la acusación contra cinco de los 17 acusados: Manuel Jesús Isidro Espínola, Julio Pedro Romero, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo, porque sus presuntos delitos han prescrito. También se retira la acusación contra el imputado de FCC Enrique Astorga González, ya que su compañero de empresa Enrique José Hernández Martín ha asumido la responsabilidad de los hechos que se le atribuían. Además, ha reconocido retrasos indebidos en el procedimiento. El tribunal, formado por los magistrados Mónica Herrera, Oscarina Naranjo y José Luis Ruiz, ha acordado pedir con carácter urgente al juzgado de guardia de Arrecife que se examine a Déniz
Por otro lado, el fiscal Ródenas, que era contrario a la suspensión de la vista por entender que se perjudicaba a los demás acusados, también ha solicitado reitirar la responsabilidad civil exigida a FCC y Urbaser, que en el caso de la primera ascendía a 8 millones de euros, pues era reclamada por la acusación popular ejercida por la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y la Garantía del Proceso Jiménez de Asúa, que ya no figura en el proceso y además tampoco estaba facultada para reclamarla, ha indicado el fiscal.
El juicio
En el juicio se trata de demostrar el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación del contrato de la recogida de basura en Arrecife a la empresa Urbaser y por la construcción del pabellón de Argana, que se entregó a la compañía FCC.
El 'caso Jable' involucra también al histórico líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín. En la trama se implica, además, al exjefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, al exsecretario del PSOE en Arrecife, Miguel Ángel Leal, y a los representantes de las empresas Urbaser, FCC y Gamma Instal.
Presuntas dávidas
Según el escrito de la Fiscalía, seleccionaban a las empresas a las que se les iban a adjudicar los contratos y les reclamaban dádivas. Para amañar las adjudicaciones, entre otras cosas las empresas presentaban ofertas más bajas y luego, cuando ya tenían asignado el servicio, se aprobaron modificaciones al alza del presupuesto, como ocurrió con un pabellón de deportes adjudicado a FCC.
Además, en el caso del contrato de limpieza con Urbaser, la Fiscalía sostiene que los sobornos continuaron tras la adjudicación, a cambio de aumentar los precios que el Ayuntamiento pagaba a la empresa. El que era gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, confesó después de ser arrestado, que sus libretas reflejan distintas entregas de regalos durante años, como viajes y obsequios de lujo, tanto a la alcaldesa como a Felipe Fernández Camero.Los presuntos delitos de los que los acusan son: asociación ilícita, cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y actividades prohibidas a funcionarios.
Hasta 19 años de prisión
Dimas Martín Martín se enfrenta a 13 años de prisión, 52 años de inhabilitación y a una multa de 281.244 euros. María Isabel Déniz de León se enfrenta a 13 años de prisión, 52 años de inhabilitación y a una multa de 363.355 euros. A Juan Rafael Arrocha Arrocha le piden 19 años y 6 meses de cárcel, 62 años de inhabilitación y una multa de 1.124.812 euros. A Felipe Fernández Camero le piden 11 años y 6 meses de cárcel, 18 años de inhabilitación y una multa de 38.183 euros. A Miguel Ángel Leal le piden 3 años de prisión, 10 años de inhabilitación y 60.000 euros de multa.
En el caso de Santiago Alonso Herreros le solicitan 10 años y 2 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y 603.600 euros de multa. A Manuel Andrés Martínez le piden 10 años y 2 meses de cárcel, 5 años de inhabilitación y una multa de 603.600 euros. A Francisco José Martínez Llerandi le piden 6 años y 8 meses de prisión, 4 años de inhabilitación y 420.606 euros de multa. A Stephan Jean Antoine Balverde le solicitan 8 años y 2 meses, 5 años de inhabilitación y una multa de 603.600 euros. A Jacinto Álvarez de la Fuente, 1 año y 9 meses, 1 año y 5 meses de inhabilitación y una multa de 150.900 euros. A Enrique José Hernández Martín le piden 4 años, 10 años de inhabilitación y una multa de 111.744 euros. El juicio se reanurá la semana que viene si el resultado del examen forense de María Isabel Déniz es favorable.