El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a una nueva ley que requerirá que todos los vehículos agrícolas, industriales y de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, tengan un seguro de responsabilidad civil. Asimismo, también amplía y mejora las coberturas y compensaciones para las víctimas de accidentes de tráfico, proporcionando una definición más clara y extensa de los vehículos que deben tener este seguro, según un comunicado del Ministerio de Economía.
El anteproyecto introduce la categoría de "vehículo personal ligero", que incluye aquellos vehículos a motor con una velocidad máxima de 6 a 25 kilómetros por hora y un peso menor de 25 kilos, o de 6 a 14 km/h si pesan más. Estos vehículos, como los patinetes eléctricos, deberán contar con un seguro obligatorio para compatibilizar el transporte urbano sostenible con la protección a las víctimas de accidentes.
Otros vehículos
El uso de patinetes eléctricos ha aumentado significativamente en muchas ciudades de España en los últimos años, tanto en modelos de alquiler como en propiedad privada, lo que ha llevado a un aumento en los accidentes. Un informe de la Fundación Mapfre reveló que el año pasado hubo cerca de 300 accidentes graves con patinetes, resultando en 187 lesiones y 11 muertes.
Además de los patinetes, esta normativa también afectará a monociclos, hoverboards de alta potencia, segways, y scooters eléctricos ligeros. El Gobierno deberá establecer un registro público para estos vehículos antes del 2 de enero de 2026, ya que hasta ahora operaban en un vacío legal.
Vehículos agrícolas
La nueva ley también extiende el seguro obligatorio a vehículos agrícolas e industriales que previamente estaban exentos, dando a los propietarios seis meses desde la promulgación de la ley para contratar una póliza. Aunque vehículos grandes como tractores y cosechadoras ya requerían seguro, maquinaria pequeña como cortacéspedes no lo hacía.
Asimismo, la normativa mejora las compensaciones para las víctimas al agilizar los procedimientos de valoración y permitir la resolución de conflictos fuera de los tribunales. Se facilitará el acceso gratuito a informes médicos y atestados policiales, y se reducirán los plazos para la valoración médica y la emisión de informes.