Canarias requiere al Gobierno central 157 millones que ha gastado en los menores migrantes

Cabello ha insistido en que se trata de un gasto "no tanto presupuestario como solidario", al entender el Gobierno canario que es el Estado quien debe cumplir "con las obligaciones constitucionales"

AtlanticoHoy / EFE

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Varias personas migrantes, entre ellas menores / EFE
Varias personas migrantes, entre ellas menores / EFE

El Ejecutivo canario ha dirigido este lunes un requerimiento al Gobierno de España para que transfiera partidas por valor de 157,1 millones de euros para la atención de los menores migrantes que tutela en la actualidad el archipiélago, ya que hasta el momento en 2024 han llegado "cero euros" para esta materia.

Según ha asegurado este lunes el portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello (CC), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, los 157,1 millones de euros que reclama Canarias se corresponden con "el gasto real que se ha ido produciendo a lo largo del año" en la atención de estos niños y niñas, en la cual el Estado no ha aportado "ni un solo euro" durante 2024.

Cabello ha insistido en que se trata de un gasto "no tanto presupuestario como solidario", al entender el Gobierno canario que es el Estado quien debe cumplir "con las obligaciones constitucionales" y garantizar el principio de solidaridad entre los distintos territorios que componen la nación.

"Al final, Canarias está abordando en solitario una presión migratoria que seguramente sea la de todo el conjunto del Estado español, e incluso de la Unión Europea, en la llamada Ruta Atlántica", ha recordado el portavoz del Gobierno regional.

Pagos atrasados

En la última semana, se ha conocido que el Gobierno canario se está retrasando en los pagos a algunas de las entidades sociales que gestionan los recursos de tutela -existen en estos momentos más de 80 centros de acogida de menores migrantes activos en el archipiélago- porque no tiene fondos disponibles, y que ciertas ONGs están planteándose cesar en su actividad por no tener recursos suficientes.

Es por este motivo, entre otros, que la consejera regional de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha dirigido este requerimiento al Estado para que abone hasta 157,1 millones de euros.

Según Cabello, Canarias está "en una situación de emergencia muy compleja para atender todo lo que tiene que ver con los menores migrantes", hasta el punto que los fondos que se han movilizado durante el presente ejercicio han tenido que salir de partidas de otras Consejerías o restableciendo las prioridades de Bienestar Social, y que esta carencia de recursos económicos "empieza a ser más necesaria" a finales de año, cuando los niveles de ejecución de las cuentas son más altos.

Los menores tutelados

"Necesitamos que el Estado cumpla con Canarias, con los menores tutelados, y que nos dé una respuesta a esta solicitud", ha indicado Cabello, quien ha recordado que en la última reunión del presidente canario, Fernando Clavijo, con su homólogo estatal, Pedro Sánchez, en agosto, este último ya dejó ver que estudiaría la posibilidad de dar una aportación económica a Canarias para esta finalidad.

Unos dineros que, por el momento, según ha señalado en su comparecencia ante los medios este lunes, no han llegado al archipiélago. En base al texto que ha remitido Canarias al Estado este lunes, "existe un deber constitucional y legal de garantizar el principio de solidaridad consagrado en los artículos 2 y 138 de la Constitución Española, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia", como es el caso del archipiélago.

La garantía de ese principio de solidaridad, prosigue la comunidad autónoma, "tiene dos aspectos de equidistribución de cargas y responsabilidades: el primer aspecto consiste en la garantía de que se comparte la prestación de acogida y protección de los menores entre todos los territorios del Estado que tienen iguales competencias en esta materia".

"Y el segundo -prosigue el texto remitido al Estado-, la garantía económica del Estado para sostener el coste de esta solidaridad, para evitar los desequilibrios económicos territoriales".

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