El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el reparto de 579,1 millones de euros para la mejora de las infraestructuras de Atención Primaria, de los que 28,7 corresponderán a Canarias, en el primer Consejo Interterritorial de Salud que ha presidido José Miñones.
Estos fondos se destinan al Plan MINAP, cuyo objetivo es mejorar las infraestructuras de los centros y la ampliación y renovación de su equipamiento clínico, por un importe total de 493,8 millones de euros en el año 2023.
Ponerse las pilas
A los 493,8 millones referidos, hay que sumar los fondos para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, con un importe total de 85,3 millones de euros, que se distribuirán en todas las comunidades (excepto País Vasco y Navarra) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión desarrolla el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
El MINAP forma parte del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023 y fue aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud del 15 de diciembre de 2021.
Inversion para salud mental
Además, en el Consejo Interterritorial de este lunes se ha aprobado el reparto de 38,5 millones de euros para el plan de mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria. Canarias recibirá por este concepto 1,9 millones de euros.
Con estos fondos se financiarán equipos comunitarios de salud mental como mobiliario general, material de exploraciones psicométricas, climatización y ascensores, entre otros.
Formación de profesionales
Sanidad y las comunidades también han acordado distribuir 3,5 millones de euros para la formación de unos 30.000 profesionales sanitarios en el ámbito de los planes de formación continuada del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con cargo al ejercicio presupuestario de 2023, después de que se hayan repartido 10 millones desde 2021 para este fin.
Su objetivo es que al menos 90.000 profesionales sanitarios completen un total de 360.000 créditos de formación continuada, lo que equivale a un total de 3,6 millones de horas de formación.
Entre las acciones formativas destacan la utilización de tecnologías sanitarias y sistemas de información, a la detección precoz del cáncer, de violencia de género o del maltrato infantil, la bioética o la atención al final de la vida, entre otros muchos aspectos.