Canarias es la comunidad autónoma con la tasa más alta de litigiosidad en toda España con 127.929 casos registrados en el segundo trimestre de 2024 –un incremento interanual del 20,08%–. El alto volumen de procesos abiertos hace necesario abrir nuevos juzgados, pero el Gobierno central ha avisado al Archipiélago de que en lo que resta de año será imposible autorizar más y de cara a 2025 tampoco está claro que vaya a ser posible por falta de presupuesto. El Ejecutivo regional, que está inquieto por la situación, espera que todo quede resuelto en la próxima Conferencia Sectorial de noviembre.
“En la comisión preparatoria que hubo la semana pasada, el Ministerio ya adelantó que no va a haber creación de nuevos juzgados en 2024 y la previsión es que tampoco en 2025 por problemas presupuestarios”, explicó el pasado 4 de octubre en el Parlamento autonómico la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno autonómico, Nieves Lady Barreto. Admitió que está preocupada porque, dijo, la única manera de rebajar la litigiosidad es abrir órganos judiciales junto a la apuesta por la mediación.
"Un problema histórico"
Entre abril y junio de este año, el número de litigios pendientes de resolución en Canarias fue de 227.643, el 14,9% más que en 2023, según datos aportados por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Registró 56,96 pleitos por cada 1.000 habitantes, cifra que supera en 15,04 puntos la media nacional de 41,92. Además, es llamativo el número de asuntos que se recibieron en el ámbito civil: 60.416 mientras quedaron pendientes de resolución 147.379 litigios.
No es para menos. La consejera relató que existe “un problema histórico en el ámbito civil de colapso”. “Y empezamos a tenerlo en Tenerife en lo contencioso por los casos de extranjería, especialmente por el tema migratorio, todas las órdenes de la delegación son recurridas y empiezan a colapsar los juzgados”, apostilló. Como publicó este periódico el pasado 14 de octubre, ante el incremento de la carga de trabajo, especialmente en los juzgados de la capital tinerfeña, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado medidas de refuerzo para los tribunales de la isla.
La Conferencia Sectorial
“Es un problema añadido que el Gobierno de Canarias no puede solucionar. Lo podemos hacer si nos autorizan a abrir juzgados. Y una de las cosas que queremos llevar a la conferencia de noviembre es que necesitamos que se tenga como criterio principal para la creación de juzgados el nivel de litigiosidad de las comunidades autónomas. No tiene mucho sentido que se permita abrir en regiones donde el nivel está por debajo de la media”, reflexionó Lady Barreto.
La última Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas tuvo lugar el pasado mes de junio. En el foro, celebrado en Madrid, no parece que se abordara la construcción de nuevos juzgados. Al menos eso es lo que se desprende de la nota de prensa emitida por Moncloa sobre la reunión. La comunicación publicada por el Gobierno español asegura que se habló de unificar criterios para la digitalización, la aplicación de los fondos Next Generation o el uso de la inteligencia artificial (IA).
Pagar el personal
“Es un problema para Canarias”, aseguró. Subrayan que en su consejería están dispuestos a asumir el coste añadido, pero necesitan que les permitan abrir los juzgados. “Y eso depende exclusivamente del Ministerio de Justicia, yo espero que eso quede solucionado en la conferencia de noviembre para que los casos se puedan resolver de manera más fácil”, incidió.
La consejera detalló que los juzgados que se han creado en el Archipiélago en 2024 son los que el Ministerio determinó en 2022 y 2023, pero no se habían abierto aún –para los que han contratado a 76 nuevas personas–. “Van a ser nueve porque el de Arrecife entrará en funcionamiento a partir del 2 de enero. En 2021, el Ministerio aprobó crear cuatro juzgados, pero solo se abrieron dos de ellos”, agregó.
“En 2023 tuvimos problemas con San Bartolomé y Granadilla porque había que buscarles locales y cuando entramos ni siquiera se había iniciado el trámite, que tuvimos que pedir prórroga hasta el 30 de septiembre. En este caso el Gobierno de Canarias lo único que hace son funciones prestacionales, nosotros pagamos el personal, los locales y la gestión para poder abrir los juzgados que nos han permitido crear”, sentenció.