Canarias no puede más frente a la presión migratoria que padece el Archipiélago y pide al Estado que financie la atención sanitaria de las personas que llegan a las costas de las Islas. Así queda reflejado en un documento firmado este martes tanto por el viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Gustavo Díaz; como por las organizaciones sindicales.
El texto, al que ha tenido acceso Atlántico Hoy, se elaboró tras una mesa sectorial entre el Ejecutivo regional y los agentes sociales. “La demanda de asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan generalmente en pateras a nuestras costas, en lamentables condiciones que requieren de una atención inmediata, urgente y compleja, a la vez que multidisciplinar, suponen un desmesurado esfuerzo para los profesionales implicados”, señala.
Sobre todo en El Hierro
Ponen sobre la mesa que el problema afecta generalmente a la isla de El Hierro, “ya de por sí sensible a las variaciones en la demanda de asistencia sanitaria por el hecho de la doble insularidad”. “Y de la dificultad de cobertura de plazas de personal de instituciones sanitarias de su plantilla orgánica, dotada además para una demanda muy inferior” como es la de la población residente. “Tanto por su número como por la menor complejidad y urgencias requeridas”, apostilla.
Resaltan que el Gobierno central debería cooperar financiando la prestación de asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan en condiciones inhumanas a las Islas. Hasta el momento, el coste lo está asumiendo la comunidad autónoma y quieren que lo haga el Ejecutivo nacional para “paliar la ingente, continua y creciente necesidad de financiación que genera la citada prestación”.
"Situación anómala"
El sindicato Asamblea 7 Islas asegura que suscribe el acuerdo por unanimidad de la mesa sectorial “porque es una urgente necesidad de incrementar los recursos para atender de una manera digna a los inmigrantes que llegan a nuestras costas de Canarias”.
En el informe, además, se deja de manifiesto que “esta situación anómala y en crecimiento constante, está suponiendo además y consecuentemente una insuficiencia presupuestaria para la prestación de la asistencia sanitaria a estas personas migrantes y al resto de la población que comparte sus recursos”.