Los órganos judiciales registraron en 2023 un aumento de la litigiosidad del 4,8% respecto al pasado año, con Canarias, por cuarto año, con la tasa más alta de España, seguida por Andalucía.
Según los datos del informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales correspondiente a 2023, hecho público este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el archipiélago canario los cuatro órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) registraron un total de 417.539 asuntos, un 5,9% más que en el año anterior.
Aumento de litigios
En las islas se dejaron en trámite de resolución 211.189 litigios (un 20,3 % más que en 2022) y resolvieron 380.394 (un 1,3 % más que en el ejercicio previo).
Canarias registró el pasado año 188,67 pleitos por cada 1.000 habitantes, 43,01 más que la media del Estado (145,66) y 31,91 más que la segunda en el escalafón, Andalucía, que computó 156,76 litigios por cada 1.000 habitantes.
Las oficinas
En el ámbito de la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de las islas registraron 188.782 asuntos (un 8,5 % más que en el año anterior), resolvieron 160.466 (un 1,6 % que en 2022) y dejaron pendientes de resolución a 31 de diciembre 134.230, un 25,2 % más que al final de 2022.
En el orden penal, se computaron 189.860 asuntos nuevos (un 4,5 % más que el año anterior), se resolvieron 185.299 (un 3,5 % más) y quedaron en trámite de resolución a final de año 46.358 casos, un 10,8 % más que en 2022.
Procedimientos
En la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 9.276 procedimientos (un 8 % más que en 2022), se resolvieron 8.521 (un 8,9 % menos) y quedaron pendientes 8.308 (un 16 % más).
En el orden social, los órganos judiciales del archipiélago incoaron 29.621 procesos (un 1,3 % menos que en 2022), resolvieron 26.108 (un 11 % menos que el año anterior) y dejaron en trámite a fin de año 22.293, un 16 % más que en el ejercicio previo.
Sentencias
Los datos recabados por los órganos judiciales de las islas apuntan a que el año pasado se dictaron 86.640 sentencias (un 6,6 % menos que el año anterior), una media de 410,62 por órgano judicial; 216.539 autos (un 7,8 % más que en 2022), una media de 1.026,25 por órgano, y 77.895 decretos, 369,17 por órgano judicial.
Se registraron 52.487 ejecuciones de sentencias (un 2,5 % menos que en 2022), se resolvieron 59.970 (un 6,6 % menos), y quedaron en trámite a final de año 159.225 (un 7,8 % más).
Por comunidades autónomas, Canarias (188,7), Andalucía (156,8), Cataluña (154,2), Baleares (150,6) y Madrid (149) estuvieron por encima de la media nacional mientras que los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron País Vasco (103,2), La Rioja (103,9) y Navarra (115,7).