El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto para la ejecución del programa “Infraestructuras y equipamientos para cuidados centrados en la persona”, por el que se distribuirán 73.269.801,69 euros entre los siete cabildos mediante la suscripción de convenios individuales en los que se especificarán los proyectos a los que se destinarán estos fondos y su vinculación con los objetivos previstos.
Según la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, la distribución de estos fondos se llevará a cabo una vez se rubriquen los respectivos acuerdos de colaboración con cada uno de los siete cabildos insulares y se definan las necesidades de cada isla. “Con este acuerdo”, indica Delgado, “se avanza en la creación de nuevas plazas sociosanitarias en el archipiélago, una medida necesaria dado el déficit existente en esta materia”. No obstante, la titular del departamento ha destacado la importancia de trabajar también en la búsqueda de alternativas que faciliten a los usuarios permanecer en su entorno familiar y recibir los cuidados que requieran, para lo que ya se ha puesto en marcha, entre otras actuaciones, la figura del asistente personal.
Islas
El gasto plurianual global 2024-26 contempla la siguiente distribución por anualidades: 36.634.900,83 euros en 2024; 25.644.430,61 euros en 2025 y 10.990.470,25 euros en 2026. Asimismo, la inversión global seguirá la siguiente distribución por islas: Tenerife 15.112.946,60 euros, para la construcción de 181 plazas; Gran Canaria 15.389.158,85 euros para 156 plazas; La Palma 11.535.827,83 euros para 90 plazas; Fuerteventura 11.130.846,16 euros para 90 plazas; Lanzarote 9.223.818,87 euros para 95 plazas; La Gomera 8.334.131,69 euros para 62 plazas; El Hierro 2.543.071,69 euros, para 16 plazas.
"La distribución de los fondos se ha realizado de acuerdo a diferentes variables y ponderaciones, de tal manera que el 60% del total se establece de acuerdo a la población de cada territorio y el otro 40% se aplica según una serie de criterios, entre los que figuran el número de personas dependientes, mayores de 80 años, la población entre 65 y 79 años, la población con discapacidad reconocida superior o igual al 33% de 0 a 64 años y la ratio de plazas disponibles en relación con el índice promovido por la OMS para personas mayores", expone la nota del Consejo de Gobierno.