La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior recibió el año pasado la mayor cifra de solicitudes de protección internacional desde su creación hace 31 años, 163.218, un 37 % más que en 2022, de las cuales 8.621 se cursaron en la comunidad de Canarias. Estos datos aún son provisionales y sitúan a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea.
Tres países concentran el 78,6% de los expedientes registrados: Venezuela, con 60.534 peticiones, supone el 37 % del total, y le siguen Colombia, con 53.564 solicitudes, y Perú, con 14.306. Por lugar de recepción, la Comunidad de Madrid encabeza la lista con más solicitudes, con 52.684, seguida por Andalucía (25.948), Cataluña (14.775), Canarias (8.621) y Galicia (8.438). Por provincias, Las Palmas fue la cuarta en número de solicitudes, con 4.891, por detrás de Madrid (52.684), Málaga (10.517) y Barcelona (9.422).
Expedientes
El Ministerio del Interior ha resuelto en este año pasado un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al año anterior. Asimismo, se han concedido en total en este periodo 7.521 estatutos de refugiado, cifra también récord hasta la fecha y que supone un 26,5% de todos los otorgados por la Oficina de Asilo y Refugio desde 2012.
Las nacionalidades a las que más se les ha concedido son las de Afganistán, Siria, Nicaragua, Colombia y Honduras. En 2023 se ha tramitado la protección subsidiaria para 3.850 personas, principalmente procedentes de Mali, y a 41.478 ciudadanos, en su mayor parte venezolanos, se les ha sido concedido el permiso de residencia y trabajo por razones humanitarias.
Protección
Según estas cifras, la tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado y de protección subsidiaria se sitúa en un 12,23 % y la de protección internacional, en un 56,85 %. Según ha informado el Ministerio del Interior, su Oficina de Asilo y Refugio concedió en 2023 el régimen de protección temporal a 33.928 personas, lo que eleva a casi 195.000 el número de ciudadanos desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania que están amparados por esta figura en España.
El Gobierno puso en marcha este procedimiento de urgencia en marzo de 2022 y entregó la primera resolución de concesión el día 11 de ese mismo mes, en cumplimiento del acuerdo de la Unión Europea que autorizaba, por primera vez, la aplicación de la Directiva de Protección Temporal. A lo largo de este año que acaba de terminar también se han presentado 953 solicitudes para el reconocimiento del estatuto de apátrida y se han resuelto 1.022 expedientes relativos a este procedimiento, dirigido a identificar a las personas que no son consideradas como nacionales por ningún Estado y manifiestan carecer de nacionalidad.