Canarias tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes —en toda la comunidad autónoma hay 273—. La cifra no solo deja mucho que desear y provoca saturación en los juzgados del Archipiélago, sino que está muy lejos de la media europea. En el viejo continente hay unos 21 magistrados para la misma cantidad de población —en España el dato es muy similar al del Archipiélago al ser 11,6—. Sus señorías están cansados de una realidad que los agota. El alto porcentaje de litigiosidad unido a la necesidad de modernizar el sistema dan como resultado el caldo de cultivo ideal para la saturación.
“Nuestra tasa es bastante baja y es necesario fortalecerla, es un mal endémico que llevamos arrastrando desde hace tiempo en todo el país”, afirma en declaraciones a Atlántico Hoy Pedro Herrera, magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas en la Sección Primera y miembro del secretariado nacional de Jueces y Juezas para la Democracia. Señala que el problema debe ser corregido porque puede ser arrollado por otros inconvenientes como el número “importante” de jubilaciones que tendrá lugar en los próximos años.
Tasa de reposición negativa
En la misma línea se pronuncia Juan Avello, juez decano de Las Palmas de Gran Canaria. Apunta que la previsión es que, de aquí a 10 años, se produzcan alrededor de 2.000 jubilaciones en todo el territorio nacional. “La tasa de reposición va a ser negativa”, exclama también en una entrevista concedida a este periódico. “La ratio de juez por habitante es un elemento, pero si además le añadimos la litigiosidad en los países latinos o en España en concreto, vemos que encima tenemos menos magistrados por número de habitantes para resolver muchos más procedimientos que en Finlandia o Alemania”, añade.
Pone sobre la mesa que si a esta realidad se le suma que Canarias, en los últimos cinco años, es el punto del Estado con más litigios, se convierte en “la tormenta perfecta”. Es un huracán que deriva en un índice del 230% de asuntos o resoluciones asumidas por cada juez en instancias de Las Palmas, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial lo establece, como mucho, en el 120%. “Si antes estaban señalando los juicios a seis meses, pues el tiempo se multiplica por dos”, dice Avello.
Crear más plazas
Adalberto de la Cruz Correa, magistrado portavoz de la provincia de Las Palmas de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, coincide en que “el número de jueces y juezas, tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico, es absolutamente insuficiente”. “Es necesaria la creación de un mayor número de plazas de juez, así como de más juzgados, para abordar el creciente número de entrada de casos en los mismos, alcanzando un doble objetivo: dar una respuesta a los problemas de los ciudadanos en menor tiempo y de mayor calidad”, agrega en respuesta a las preguntas planteadas por este diario.
Al igual que sus compañeros de profesión, resalta que los altos niveles de litigiosidad hacen más grande la falta de jueces. Aunque cree que gracias al esfuerzo de los magistrados en las Islas se logran unos “muy buenos datos” de resolución de asuntos, ocurre a costa de unas condiciones laborales indudablemente negativas para la salud de los profesionales. “Algo que repercute en la calidad del servicio, en su eficiencia a nivel económico y, en definitiva, afecta negativamente a los ciudadanos”, apostilla.
Carencias respecto a Europa
Juan Avello pone como ejemplo que si un trabajador autónomo tiene un accidente durante su jornada, la Seguridad Social concluye que no tiene derecho a nada y el afectado presenta una reclamación, el juicio se puede celebrar dentro de dos años y medio. “¿De qué vive usted esos dos años y medio?”, se pregunta.
Pedro Herrera pone sobre la mesa que es fundamental fijarse en que el propio Consejo General del Poder Judicial ha dicho que se necesita ir sacando al menos 350 plazas de jueces al año, al menos hasta 2033 “para intentar paliar un poquito esta carencia que tenemos comparativamente con Europa”. Eso sí, no olvida que hay algunos aspectos positivos como que en el Archipiélago se ha potenciado la creación de diferentes juzgados y más plazas que en otros lugares. Otro aspecto bueno es que cada vez hay menos vacantes judiciales en las Islas, “la plantilla suele estar cubierta”.
Cambiar el modelo organizativo
Bajo su punto de vista, es necesario crear más juzgados, pero también cambiar el modelo organizativo con el objetivo de funcionar más en equipo. “Que el ciudadano no se vea en la situación de que si le toca en el juzgado número uno va a tardar más el procedimiento que si le toca en el número 10, que los retrasos no sean dispares, que la labor jurisdiccional sea lo más uniforme posible”, reflexiona. Comenta que el Parlamento debe unir fuerzas para ver los déficits que existen dentro de la función jurisdiccional y analizarlo.
Adalberto de la Cruz Correa asevera que “de nada sirve que se aprueben leyes y políticas sociales o económicas, si luego el ciudadano, cuando quiere hacer valer, y que se le reconozcan, los derechos que le atribuyen esas leyes, se encuentra con una justicia lenta, saturada de trabajo y, en definitiva, sobrecargada”. “Ello afecta negativamente a los derechos en materia de educación, sanidad, vivienda, menores o violencia de género”, agrega.
Papel del Gobierno
Para él, la solución radica en que tanto el Gobierno estatal, como el autonómico, tomen plena conciencia de lo anterior, inviertan verdaderamente en justicia y se dejen de parches. Más plazas de juez, más juzgados y no ponerlos en funcionamiento de cualquier forma, como está ocurriendo. Hay que dotarlos de todos los medios necesarios desde su nacimiento, sin olvidar a los órganos ya existentes.
Avello, el juez decano de Las Palmas de Gran Canaria, opina que no basta con la mera inversión y creación de juzgados. “Hace falta tocar la eficiencia organizativa, la eficiencia digital y la eficiencia procesal. Son las tres las tres leyes orgánicas necesarias”, asegura. “Hay que evitar que entren más procedimientos, apostar por medios alternativos de solución de conflicto, pero creérselo de verdad, no decirlo para que quede en un eslogan publicitario”, sentencia.
Región ultraperiférica
Canarias es una región ultraperiférica, condición que agrava el problema de la falta de magistrados. Avello dice que, a pesar de que sea “predicar un poco en el desierto”, cuando ha tenido ocasión de hablar con los responsables políticos les ha dicho que el Archipiélago es una zona peculiar con sus especialidades.
“El reparto de los juzgados de nueva creación se hace más o menos en partes iguales entre todo el territorio nacional, eso significa que se tiene en cuenta única y exclusivamente la población de derecho sin tener en cuenta que aquí anualmente recibimos a 12 millones de personas”, dice.
“No es razonable que se cree proporcionalmente el mismo número de juzgados en La Rioja, en Asturias o en Vitoria, en sitios en los que ya la planta judicial está adecuada a la realidad social de esos territorios. Habría que plantearse la posibilidad de que aquí en Canarias tenemos peores índices de más litigiosidad, menos juzgados, mayor número de población flotante”, culmina.