La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno canario exige al Estado que mejore las determinaciones de edad de las personas migrantes que están llegando a las Islas con el fin de proteger a los menores.
La titular de este departamento, Sandra Rodríguez, ha manifestado este viernes en un comunicado que "la primera recepción de los migrantes que llegan al archipiélago la hace el Gobierno central, que es quien pone a disposición de Canarias aquellos que considera menores de edad, que son quienes están bajo competencia de la comunidad autónoma".
Rodríguez ha subrayado que algunas comunidades autónomas han alertado esta semana en una reunión celebrada con el Ministerio de Inclusión que en las derivaciones de adultos migrantes de Canarias a la península "había menores de edad evidentes, denuncia a la que se ha sumado también Amnistía Internacional".
Estos errores ya habían sido detectados previamente por el Gobierno canario, que se enfrenta a otro problema igualmente importante: personas migrantes mayores de edad que son declaradas como menores, refiere.
Sobreesfuerzo
Esta realidad ha hecho que esta Dirección General, "además de hacer un sobreesfuerzo para atender a más de 4.400 menores extranjeros no acompañados que están bajo su tutela, también haya llegado a un acuerdo con la Fiscalía para incrementar el número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales que se realizan a los menores que están en centros de las islas".
"Tras solo 5 días de la puesta en marcha de este protocolo, la media de supuestos menores de edad que resultan ser mayores supera el 50 %", asegura la directora general.
"Además de promover el aumento de recursos para realizar pruebas óseas y determinar con agilidad la edad de los migrantes que se declaran menores sobre los que hay dudas, la Dirección General también ha creado dispositivos específicos de acogida para los menores más pequeños y otros para los más mayores o sobre los que no se está seguro de su edad", explica Rodríguez.
Nuevo protocolo
El nuevo protocolo se aprobó hace unos días en el marco de una reunión promovida por la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés, y fue el resultado de una serie de encuentros previos de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias con la Fiscalía del Menor y la de Extranjería.
Este protocolo establece, entre otras medidas, la incorporación de más medios materiales y humanos a esta labor y prevé incrementar el número de pruebas óseas que se realizan semanalmente.
Además, la Fiscalía ha incorporado ya equipos portátiles en Tenerife que posibilitan que se puedan llevar a cabo pruebas óseas en el momento en el que se realiza la reseña de los migrantes, es decir, cuando acaban de llegar.
Este trabajo se desarrolla con la supervisión de un médico forense, que estará presente mientras los efectivos de la Policía Nacional atienden a los migrantes tras el desembarco, detalla la nota.