Canarias es una de las comunidades autónomas con menos plazas que dispongan de financiación pública para acceder a una residencia de mayores. El Archipiélago comparte la parte baja del ranquin con la Comunidad Valenciana y Murcia. Las que tienen una mayor cobertura son las dos castillas, Extremadura y Aragón.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en 9.400 el déficit de plazas residenciales para mayores en las Islas, el quinto más alto de todas las regiones, y la sitúa como la segunda región que menos tiene financiadas con dinero público, solo por delante de Murcia.
Centros privados
El 67,6% de las plazas son financiadas con dinero público, incluidas las concertadas en centros privados o las financiadas con la prestación vinculada al servicio, y el 32,4% son privadas.
La misma entidad ha denunciado a nivel nacional que pese al incremento de plazas residenciales tras la pandemia, su déficit sigue aumentando y ya son necesarias 85.814 más para cumplir el estándar de cinco por cada 100 mayores de 65 años, al tiempo que sitúan a Canarias entre las regiones con menos plazas para mayores de financiación pública.
Déficit
La asociación ha analizado el último informe del Imserso sobre recursos residenciales, según el cual entre 2021 y 2022 aumentaron en 9.541 las plazas para mayores de 65 años, hasta las 198.575, en tanto que la población de ese grupo de edad creció en 380.575 personas. Según sus cálculos, si en 2014 eran necesarias 53.103 plazas para cubrir la ratio del 5 %. Ahora esa cifra se eleva a 85.814, un 4,11 %.
Para cubrir toda la demanda de personas con dependencia severa o grandes dependientes serían necesarias al menos de 30.000 plazas. Las únicas autonomías que cumplen la ratio de plazas son Castilla y León, con un superávit de 17.234; Castilla-La Mancha, 7.010; Aragón, 5.043; Extremadura, 3.888; Asturias, 1.274, y La Rioja, 37.
Los principales déficit, por contra, siguen siendo los de Andalucía (32.670), Comunidad Valenciana (24.843) y Galicia (13.850). Un 67,9 % de las plazas son de financiación pública (incluidas las concertadas en privados o las financiadas con la prestación vinculada al servicio), o que implica un ligero aumento respecto a los niveles de 2015 y una ratio de 2,79 por cada 100 mayores de 65 años, una ratio que no se había alcanzado hasta el momento.